Diario de León

Los conservacionistas critican la autorización de la Junta a Catisa para explotar 111 cuadrículas

Ecologistas gallegos piden que la Junta detenga las canteras de Martínez Núñez

El colectivo Adega exige a la Xunta que medie para anular los derechos sobre la sierra de La Lastra

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D. López - ponferrada
Ponferrada

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La Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) ha solicitado a la Consellería de Innovación de la Xunta de Galicia que intervenga para detener la posible apertura de canteras por parte del grupo Martínez Núñez en la sierra de la Encina de La Lastra -frontera natural entre Castilla y León y la comunidad gallega-. El colectivo conservacionista, según informó ayer la agencia de noticias Ical, quiere que el Gobierno Fraga presente alegaciones ante la Junta de Castilla y León tras la concesión de una autorización a la empresa Catisa -perteneciente a Martínez Núñez- para la explotación minera de 111 cuadrículas en la vertiente berciana de la sierra. Adega asegura que si se lleva a cabo la mencionada explotación, «se destruiría el cincuenta por ciento de esta sierra y se anularían los objetivos de conservación perseguidos por el parque natural que fue declarado en la parte gallega en el año 2002». Los ecologistas demandaron a la Consellería de Innovación de la Xunta que presente alegaciones ante el Gobierno Herrera para «impedir» lo que consideran un «desastre ambiental». Además abogaron porque la conservación de este espacio se un «punto de encuentro» de acciones de protección entre ambos gobiernos autonómicos y no «un punto de conflicto para la ilegalidad e inmoralidad más escandalosas». A juicio de los responsables de Adega, la sierra de La Lastra es «uno de los espacios naturales más valiosos del Noroeste ibérico» y cuenta con valore naturales de flora, fauna y paisaje «excepcionales». La Sierra de la Lastra fue declarado Lugar de Importancia Comunitaria al amparo de la directiva de Hábitats de la Unión Europea o Red Natura 200. En el caso de la parte que corresponde a Galicia, 3.150 hectáreas están declaradas como parque natural. Algo, sin embargo, distinto de lo que ocurre en la comunidad castellanoleonesa. Aunque, al margen del interés del grupo Martínez Núñez, la Junta y también la administración central han conseguido desde hace más de diez años poner todas las trabas necesarias a otra compañía -gallega precisamente- que perseguía la explotación de calizas en la zona para evitar que así sucediera hasta este instante. Desde la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia se puso el acento también en el efecto pernicioso sobre Las Médulas del permiso de explotación de la Junta al grupo Martínez Núñez. Y se sorprenden de que del patronato que debe proteger el yacimiento romano declarado Patrimonio de la Humanidad «forme parte, curiosamente, el propio Martínez Núñez».

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