El hombre que lucha por empadronarse en un pueblo deshabitado pide que se cumpla la sentencia

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de León y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le han dado la razón y, aunque el Ayuntamiento de Igüeña ya ha anunciando que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo , el ciudadano que ha tenido que recurrir a la justicia para lograr ser dado de alta en el padrón del pueblo deshabitado de Los Montes de la Ermita ha solicitado ya la ejecución provisional de la sentencia para que figure como vecino legal de esta pequeña localidad de montaña ubicada en la comarca del Bierzo que se vació oficialmente de habitantes a principios de los años 80.

"Cuando ya se han pronunciado dos tribunales, lo razonable es que la administración actúe de conformidad a lo que están diciendo esos tribunales. Quienes ganan una sentencia tienen el derecho a la ejecución provisional de la misma, derecho a la tutela judicial efectiva. Con esta solicitud, el juez del Contencioso-Administrativo número 2 de León va a decidir si el Ayuntamiento de Igüeña tiene la obligación de empadronar a este vecino sin necesidad de esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie", explicó el abogado y portavoz del hombre que hace más de dos años emprendió una batalla judicial contra el Ayuntamiento de Igüeña por ver reconocido "un derecho fundamental", insiste el letrado Carlos González-Antón. 

"Pedimos la ejecución provisional porque se le están negando derechos civiles a este señor. Insisto en que dos tribunales se han pronunciado ya sobre que la actuación del Ayuntamiento es ilegal. No tiene sentido que el alcalde se niegue a empadronar a este hombre y no hay ningún perjuicio para el interés público", defendió el portavoz, que asegura lamentar profundamente, al tiempo que condena, los intentos del regidor de Igüeña por "enfrentar" al resto de vecinos con quien reclama sus derechos empleando "argumentos falsos" como que dotar de servicios básicos a un pueblo como Los Montes de la Ermita costaría un dinero que el municipio no tiene. El abogado recuerda que la sentencia del TSJ de Castilla y León recoge claramente que el hecho de que una persona se empadrone en un domicilio no obliga a la administración a realizar ninguna inversión para dotar de servicios a dicho domicilio.

"No parece, en modo alguno, razonable ni legítimo que se intente confundir a los vecinos pretendiendo culpar a este vecino. El alcalde quiere justificarse diciendo que no puede arreglar ese pueblo porque arruinaría las arcas del municipio; pero el empadronamiento no obliga al Ayuntamiento a prestar servicios", reiteró el portavoz del vecino de Los Montes de la Ermita que quiere establecerse legalmente en su vivienda familiar.

"Estamos ante un derecho fundamental, el de la libertad de residencia y si un alcalde sigue actuando en contra de lo que ya han dicho dos tribunales de justicia, aunque la sentencia no sea firme, podría incurrir en prevaricación, pues tiene indicios fundados de que su actuación es ilegal", afirmó.