VÍDEO | «Un nuevo juzgado de instrucción nos permitiría separar las jurisdicciones civil y penal»

La jueza decana de Ponferrada compareció ayer en el programa El Filandón de La 8.

—La Justicia ha cobrado mucho protagonismo al levantarse el Estado de Alarma. Las comunidades han expresado su malestar por no tener las herramientas jurídicas en caso de una nueva ola.

—El malestar viene porque hay unos criterios dispares de los TSJ para respaldar o no las medidas. Nuestra tarea como jueces es aplicar la le con el margen que la propia ley prevé. Las situaciones de las comunidades autónomas son distintas y el nivel de la evolución de la pandemia es diferente, las medidas tampoco son absolutamente coincidentes, pero esa disparidad de criterios puede obedecer a que no hay una legislación que previera una situación como esta. Se han tralado un poco a los órganos judiciales decisiones más gubernativas

—Más que malestar, lo que hay es una guerra política. El Gobierno dice que las comunidades tienen mecanismos jurídicos para poder combatir la pandemia y las comunidades dicen que no existen esos mecanismos. ¿Existen o no existen?

—Es que eso son cuestiones gubernativas, no son cuestiones que afecten al poder judicial ni donde el poder judicial pueda ni deba entrar. Lo que se ha dicho es que las medidas que adopten los gobiernos autonómicos tienen que tener el respaldo de los respectivos TSJ. El motivo de la disparidad de criterios es que no teníamos una legislación que preveyera todas estas circunstancias. Falta legislación para prever una pandemia y hemos tenido que adaptarnos al caso concreto y que unifique el Tribunal Supremo.

—Con la fijación del toque de queda nos vamos pasando la pelota y al final la resolución no llega a tiempo ni ayuda a la ciudadanía a comprender qué es lo que tiene que hacer.

—Son medidas que no tienen nada que ver con el poder judicial. Todas las medidas las han adoptado órganos políticos. El poder judicial es y debe ser ajeno a ello. Distinto es que en determinados momentos tenga que refrendar si se ajustan o no a la legalidad las medidas adoptadas. Y no en todos los lugares las circunstancias y las medidas que se han adoptado son las mismas. Esa disparidad de medidas es una cuestión política y gubernativa y no judicial.

—Eso genera una tremenda incertidumbre en los ciudadanos.

—Entre nosotros también, como ciudadanos que somos.

Joaquín Sánchez Torné, director de Diario de León, Ana María Lourido, Marisa Vázquez, y Miguel Ángel Blanco, ayer en el plató del programa El Filandón en La 8 en Ponferrada.

—Pero no son ustedes unos ciudadanos normales. Tienen en su mano determinar si las medidas se ajustan o no a la ley. Quería enlazar esto con los retrasos y lo lento que es un proceso judicial, que lo convierte en injusto.

—Una de las grandes necesidades de la Justicia, y los jueces somos conscientes, es que la Justicia sea justa, pero tenga una cierta celeridad. Hay procedimientos que exigen unos márgenes de tiempo, pero hay que llegar a un equilibrio. Eso es lo que se trata de hacer en los procedimientos penales con los plazos máximos para la instrucción de las causas de un año. No todo los juzgados tienen el mismo plazo, ni se tarda lo mismo en celebrar un juicio y dictar una sentencia (...) Los jueces tenemos unos plazos para poner las sentencias y se trata de respetarlos porque puedes generar una responsabilidad disciplinaria. Pero entran en juego los medios de los que disponemos, la carga de trabajo. A veces es muy difícil cumplir con esos plazos. Durante la pandemia, además, ha habido muchas suspensiones por causas ajenas a los juzgados; testigos o sospechosos afectados por el Covid, con cuarentenas, y muchos procedimientos han tenido que suspenderse y se han celebrado ahora. Antes de la pandemia ya había juzgados que tenía un especial retraso. Había uno especialmente atascado. Se nombró un juez de refuerzo y queda un juicio por celebrar y una sentencia por poner. Toda esa carga se ha eliminado gracias a ese juez de refuerzo que empezó por seis meses y se ha prorrogado hasta los doce meses.

—¿Eso quiere decir que Ponferrada necesita un Juzgado de lo Contencioso y que el juzgado de violencia de género no es exclusivo?

—El retraso de la administración de Justicia tiene varias causas; la carga de trabajo. Somos muchos los jueces que estamos trabajando en casa sin estar de guardia, sábados y algunos domingos. En el juzgado nunca deja de entrar papel y tú nunca dejas de poner sentencias.

—¿Cuantos jueces más necesita Ponferrada?

—Acabo de exponer. Además de la carga de trabajo están los medios materiales. Durante la pandemia, el retraso atribuible ha sido motivado por las suspensiones, y se ha suplido muy bien. La paralización entre marzo y julio la hemos recuperado en el último trimestre del año. Hemos recuperado en el último trimestre lo que perdimos en el segundo. Nuestro ritmo de trabajo es ahora superior a lo habitual. Habrá que ver si es una situación derivada de la pandemia. Estamos dentro de los módulos de carga de trabajo razonable con un 120 por ciento, pero es que algunos juzgados llegan al 190 por ciento. Eso quiere decir que un juez está asumiendo el papel de dos. Para que la Justicia no tenga atrasos tiene que haber más jueces. Estamos por debajo de la media europea. Se solventa con el sobre-esfuerzo personal y hay juzgados que no tienen retraso, pero no es exigible que un juez esté todo el tiempo trabajando porque tienes familia.

—¿Cuántos juzgados más necesita Ponferrada?

—Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo por supuesto y que la gente no se tenga que desplazar fuera.Tampoco tenemos una sección desplazada de la Audiencia Provincial. Y se ha pedido un juzgado nuevo de primera instancia e instrucción que nos permitiría la separación de jurisdicciones con juzgados de asuntos civiles y de asuntos penales. La carga de trabajo en materia penal no es elevadísima, Ponferrada es un sitio bastante seguro con un nivel de delincuencia no es alta, pero eso no quiere decir que no la haya y que no haya que adoptar medidas en las guardias sobre violencia de género. Un nuevo juzgado nos ayudaría a especializarnos y que la carga de trabajo no fuera más grande. Pero es una petición recurrente en todos los servicios públicos. El problema de fondo es económico.

—Hace unas semanas tuvimos un desahucio en Ponferrada simultáneo a la comparecencia del presidente del Gobierno para ampliar los plazos.

—Hay una legislación específica durante la pandemia para suspender los desahucios hasta la finalización del Estado de Alarma si la familia es vulnerable. He tenido alguno en mi juzgado. Y se han tramitado alquileres sociales para que esas familias no se quedaran en la calle. Desconozco los pormenores de ese caso, pero sí sé que era un asunto antiguo donde las decisiones eran firmes, tomadas de antes y solo quedaba ejecutarlas. Los juzgados han respondido suspendiendo aquellos desahucios que cumplían los requisitos, a consecuencia de la pandemia. Aunque se han articulado procedimientos específicos, hemos visto que al final que en los procedimientos civiles se han instado modificación de medidas, por ejemplo el obligado a pasar una pensión de alimentos ha pedido pasar una pensión menor, y luego hay que ver cómo está la otra parte (...) Hay que escuchar la versión de la otra parte. Se dan casos de un arrendador que incluso no tiene ingresos Tenemos que llegar a un equilibro.

—¿Se ha acelerado la administración electrónica con la pandemia?

—Ponferrada era cuando llegué hace tres años pionera. El expediente digital estaba implantado y las salas con videoconferencia. Eso nos ha permitido seguir celebrando actuaciones. Articulamos mecanismos con el Colegio de Abogados y las fuerzas de seguridad para que las declaraciones de los detenidos se hicieran por videoconferencia (...) Ahora se ha implantado también con los abogados desde sus despachos. Alguna de esas novedades estudiaremos si se quedan. Suponen una mejora porque eliminamos desplazamientos. Eso no quiere decir que se pueda hacer en todos los casos. Un testigo tiene que seguir asistiendo a una sede judicial. Su declaración tiene que realizarse con una serie de garantías que exige la ley y los sistema de videoconferencia y otros programas pueden tener inconvenientes. En Ponferrada la implantación es irregular. En el ámbito social no se están celebrando juicios telemáticos porque han considerado que plantea dudas.

—¿Los medios telemáticos no harían innecesaria la sala desplazada de la Audiencia?

—Sí es necesaria. También se plantean problemas el día que haya un problema técnico y el juicio no se pueda celebrar. Los medios telemáticos han venido para quedarse, pero requieren un rodaje. Las fuerzas de seguridad tuvieron que hacer un esfuerzo.