La oposición pide la dimisión del alcalde por ser el primero en vulnerar derechos

El Pleno ordinario que se celebra hoy en el Ayuntamiento de Ponferrada llega en el momento más tenso de las relaciones entre el tripartito y los grupos de la oposición. Al anuncio del PSOE de contestar al portavoz de USE, Samuel Folgueral, por sus denuncias por la adjudicación de contratos «inflados» y con informes de técnicos en contra, que supondrán dos millones de euros más al año en costes para las arcas municipales —acusación que no ha desmentido el alcalde ni el PSOE—, se unió ayer la petición en bloque para que Olegario Ramón dimita como primera autoridad municipal.

PP, USE, Cs y PRB exigieron ayer la salida de Olegario Ramón «atendiendo a la normalidad democrática» y después de que haya violado los derechos fundamentales, en su opinión, tras la ratificación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que le obliga a dar cobertura de personal a las cuatro formaciones. «Seguir prorrogando caprichosamente esta situación lo único que conlleva es un mayor perjuicio, causado por obrar de mala fe y a sabiendas de que se persevera en una situación injusta», aseguran en un comunicado tras presentar en el registro una moción para que «se les facilite dotación de medios con carácter inmediato».

La oposición ha redoblado sus críticas al temer que el tripartito sólo conceda financiación para personal a los grupos que llegaron al TSJ con el recurso, que fueron USE y Cs. De momento, el alcalde no ha aclarado qué es lo que va a hacer, aunque la sentencia ya no tiene vuelta atrás, al prescribir los plazos para recurrir al Supremo.

El fallo, según recordó ayer la oposición, «viene a reflejar la obligación que tiene el alcalde de Ponferrada, como máxima autoridad y representante del Ayuntamiento al más alto nivel, de restaurar la legalidad, garantizar el respeto a los derechos fundamentales de todos los concejales de la Corporación en el ejercicio legítimo de sus funciones y restablecer el funcionamiento plenamente democrático de la institución municipal». «Estas —insisten— son cuestiones fundamentales que no pueden esperar ni un sólo día más, pues comprometen la credibilidad de la institución y ponen en tela de juicio el carácter democrático de su funcionamiento. La dilación en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia implica seguir vulnerando derechos fundamentales, perjudicando la credibilidad de la institución municipal y comprometer su pleno funcionamiento democrático, todo ello sin perjuicio de la existencia de otras situaciones y consecuencias de las que pueden deducirse responsabilidades de diversa índole y solicitudes de reparación o compensación que correspondan y a quienes correspondan», señalan en el comunicado.

PP, USE, Cs y PRB consideran «un alarde de cinismo» que Olegario Ramón «deslice» que el Tribunal Supremo no ha podido entrar a conocer el fondo del asunto «obviando que, más allá del Auto de fecha 13 de noviembre de 2020 que acuerda la desestimación del Recurso de Revisión iniciado por el propio alcalde; la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de CyL de fecha 2 de julio de 2020 es demoledora en el argumento de la Violación de los Derechos Fundamentales de los Concejales de los Grupos de la Oposición, por lo que no se escapa a la realidad, y esa realidad es que: Olegario Ramón ha sido condenado conjuntamente con todo su equipo de gobierno».

El alcalde, a su juicio, tampoco puede responsabilizar a los servicios jurídicos municipales de su «fracaso», ya que «él mismo contrató un servicio externo para presentar el mencionado recurso», aclaran. Los grupos firmantes solicitarán al consistorio el expediente de dicha contratación.

Olegario Ramón justificó el recurso al Supremo en la diferente interpretación del juez del Contencioso de León y del TSJ.

Al Pleno de esta mañana, además de varios asuntos económicos, va la adjudicación del contrato puente del TUP.