miércoles. 10.08.2022

Unos 40 residentes en Ozuela han dirigido una carta al Procurador del Común para denunciar las trabas admistrativas que les está poniendo el Ayuntamiento de Ponferrada, y más en concreto la Concejalía de Infraestructuras, con una interpretación de la ley que vulnera sus derechos.

En el escrito, que obra en poder de este periódico, el portavoz de estos residentes da cuenta de todo el proceso después de que, desde la Junta de Castilla y León, se les informara de los requisitos a cumplir. El Ayuntamiento de Ponferrada, según explican, desestimó la petición «con argumentos contradictorios», por lo que en su carta al Procurador mantienen que sus derechos se han vulnerado ya que la legislación dice que se debe presentar «a instancia de la mayoría de los vecinos residentes» y que, en ningún caso dice que deben estar empadronados.

Según estos residentes, el Ayuntamiento interpreta la ley a su conveniencia para evitar la tramitación e insisten en que debe dar trámite a la solicitud presentada «independientemente del informe que pueda emitir», ya que no es la administración encargada de la resolución final, como pone de manifiesto el escrito que les envió la Junta de Castilla y León. «El transfondo es claro y conciso; nunca va a emitir la Junta de Castilla y León un dictamen a los intereses del Ayuntamiento de Ponferrada si éste evita que llegue la documentación pertinente haciendo uso de actuaciones torticeras», sostienen en el escrito al Procurador. Los residentes piden al Procurador que concrete las medidas necesarias para tramitar su solicitud para crear la entidad local menor de Ozuela.

La petición de entidad menor de Ozuela llega al Procurador
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