El Seprona localiza 300 toneladas de residuos plásticos ilegales en Igüeña

Hasta 300.000 kilos de residuos plásticos, circuitos, procesadores, espumas o troceados de otros residuos ha localizado el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en una nave industrial y varias parcelas adyacentes ubicadas a la salida de Igüeña, entre este pueblo y Pobladura de las Regueras. Lo ha hecho en colaboración con inspectores de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, después de que el propio Ayuntamiento de Igüeña pusiera en conocimiento de la Guardia Civil los movimientos de camiones de tonelaje cargados de residuos que venían produciéndose desde el pasado verano, según explicó el alcalde, Alider Presa, en declaraciones a este periódico.

Pero el almacenamiento ilegal de Igüeña, que dio pie a la operación denominada Polímeros , no era más que la punta de un iceberg de hasta 700 toneladas de residuos que se extiende también a las provincias de Barcelona, Ciudad Real y Zaragoza. Tres personas están siendo investigadas por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad y estafa. Camuflaban sus operaciones ilegales bajo falsos proyectos empresariales que nunca llegaron a existir. Trataban de engañar a los ayuntamientos con la implantación de falsas empresas y la creación de puestos de trabajo, pero el de Igüeña no cayó en esa trampa.

Un ciudadano rumano contactó con el alcalde para plantearle el proyecto y este le emplazó a que presentara la documentación necesaria para solicitar la licencia. Algo que nunca llegó a ocurrir y cuando el Ayuntamiento detectó el trajín de camiones sospechosos entrando y saliendo de una nave industrial de titularidad privada lo puso inmediatamente en conocimiento de la Guardia Civil.

«Hay mucha gente que se presenta aquí diciendo que viene a salvar el mundo, pero sabemos que esas cosas tan maravillosas no suelen pasar en un municipio como este. No llegó a haber ni un solo documento con registro de entrada, por lo que el hecho de que haya residuos en Igüeña no significa que alguien haya engañado a este Ayuntamiento. Estamos hablando de una nave privada y en cuanto tuvimos conocimiento de movimientos sospechos y de que se estaban almacenando residuos, informamos de ello a la Guardia Civil y al Seprona. A partir de ahí, la operación siguió su curso», aseguró Alider Presa.

Empresas ficticias

Dos de los tres investigados en esta operación figuraban con cargos relevantes en hasta una docena de empresas relacionadas con el reciclaje de residuos, con domicilios sociales en Madrid, Toledo, Zaragoza, Valencia, Santander y Ciudad Real, según han informado fuentes de la investigación. Todas ellas eran empresas ficticias.

Para convencer a las autoridades municipales de los emplazamientos en los que querían almacenar los residuos ilegales de que su propósito era construir una planta de reciclaje y crear un importante número de puestos de trabajo en la zona, estas dos personas mostraban un falso proyecto de construcción. En los lugares en los que sí conseguían el consentimiento y a la espera, supuestamente, de resolver el procedimiento administrativo necesario para el inicio de las obras, «iban almacenando grandes sacas de residuos (big-bag) de manera ilegal que han abandonado en al menos tres localizaciones», recoge el comunicado de prensa distribuido por la Dirección General de la Guardia Civil.

A los 300.000 kilos de Igüeña hay que sumar otros 300.000 en Villamanrique (Ciudad Real) y 100.000 kilogramos más en Villanueva de Jiloca (Zaragoza).

La tercera persona investigada en el marco de esta operación policial es el gerente de una empresa dedicada al reciclado, transformación y revalorización de residuos en Barcelona, que se deshacía de los residuos de manera irregular. «Los transportaba y entregaba a los otros dos investigados, haciéndolos pasar por subproductos y atribuyéndoles un valor del que carecen», explicó la Guardia Civil. Con ello evitaba la gestión correcta de los residuos y conseguía un ahorro económico importante.

Dado que la alerta del Ayuntamiento de Igüeña marcó el inicio de la operación, en la que han participado varias unidades del Seprona de las provincias en las que se encuentran los domicilios fiscales de las empresas investigadas, es la Fiscalía de Área de Ponferrada la que coordina la investigación a través del fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo. Las diligencias han sido entregadas ya en el juzgado de guardia de los de Ponferrada.