jueves. 30.06.2022

La primera sesión de control a la Junta llegaba ayer con el ambiente parlamentario muy caldeado tras la comparecencia protagonizada el lunes por el vicepresidente García-Gallardo, cuya férrea defensa de los postulados de Vox provocó un acalorado enfrentamiento con la oposición. Tanto es así que el presidente de la Cámara, Manuel Pollán, se curó en salud abriendo el pleno llamando a sus señorías a comportarse con respeto y educación.

EEn realidad, ninguna de las tres preguntas dirigidas al presidente de la Junta tenían nada que ver con las controvertidas posiciones del vicepresidente, no obstante lo cual ni el socialista Luis Tudanca ni el procurador de Podemos, Pablo Fernández, desaprovecharon la ocasión para corresponsabilizar a Fernández Mañueco del compartimiento partidista de García-Gallardo. Las preguntas de ambos versaban sobre la situación económica de la comunidad y a ella se ciñó el presidente, defendiendo las medidas tomadas por la Junta para paliar una crisis de la que hace responsable a «la desastrosa política económica de Pedro Sánchez».

El grupo socialista armó una serie de preguntas enfocadas a reprochar la connivencia de la Junta con esa agenda ideológica de Vox, que el vicepresidente se afana en reivindicar mucho más allá de lo contemplado en el pacto de gobierno. A propósito de su beligerancia contra el aborto, la socialista Patricia Gómez realizó todo un alegato en defensa de los derechos de la mujer, en tanto que su compañera Nuria Rubio preguntó a la consejera de Familia si compartía el negacionismo sobre la Ley de Violencia de Género. Tras asegurar que «no opino sobre las opiniones de otros», Isabel Blanco se remitió al compromiso del presidente con dicha Ley y rechazó que los derechos de las mujeres estén en peligro en Castilla y León.

El propio García-Gallardo se vio en el trance de contestar una pregunta sobre el trato a las mujeres con discapacidad realizada por una procuradora que la sufre, Noelia de Frutos, quien cargó contra la posición expresada por el vicepresidente también ante el problema de dicho colectivo. Eludiendo la confrontación con su interlocutora, García-Gallardo se salió por la tangente de arremeter contra lo que llamó «leyes de la muerte» (aborto y eutanasia), con lo que echaba más leña al fuego. Y todavía hubo otra pregunta sobre «el adoctrinamiento ideológico» del que previene Vox en el sistema educativo. La consejera Rocío Lucas aseguró que en Castilla y León no ha existido nunca ni existirá tal adoctrinamiento, pese a lo cual rehuyó contestar sobre la posible aplicación del llamado «pin parental».

Ajeno a la confrontación centrada en Vox, el leonesista Mariano Santos preguntó al presidente de la Junta si pensaba hacer «algo diferente» para combatir el problema de la despoblación en la Región Leonesa. Y Fernández Mañueco contestó enumerando las inversiones y proyectos de reindustrialización impulsados por la Junta en la provincia de León.

El asunto tuvo secuela a través de otra pregunta de la procuradora Alicia Gallego, quien recordó que en los últimos 20 años León ha crecido un 20 por ciento menos que la media autonómica y un 40 por ciento menos que la de España. Y en la misma línea que el presidente, el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, rechazó que León pueda sentirse discriminada por la Junta.

La agenda de Vox centra el debate
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