Amigo advierte a sindicatos y patronal de que contribuyan al Serla

La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, de Ciudadanos, se ha mostrado convencida de que no es necesario extender el Serla al resto de la comunidad autónoma —la previsión del acuerdo ya caduco era que llegase a todas las capitales de provincia y a Ponferrada— a lo que ha añadido que «con la que está cayendo» este «no es el momento» para asumir un incremento presupuestario que podría llegar a alcanzar los seis millones de euros.

No obstante, la consejera ha planteado este mismo lunes a los agentes sociales y económicos una propuesta inicial de colaboración económica o cofinanciación que permita extender la implantación del Serla a todas las provincias, lo que ha derivado en una «reacción de sorpresa», según ha admitido, por parte de los integrantes del Diálogo Social que, según ha reconocido Amigo, no esperaban «una propuesta de este tipo» por parte de la Junta. «La cuestión es saber si están dispuestos o no a colaborar en la extensión del Serla», ha aclarado Amigo quien, tras recordar que el servicio de mediación laboral para conflictos colectivos funciona desde el año 1997 con sede en Valladolid, ha explicado que la Junta forma parte de esta fundación como patrono y con la financiación del gasto al cien por cien para añadir que «podría no seguir formando parte del mismo e irse» por lo que la fundación dejaría de ser pública.

«Si quieren extender este servicio con tanta urgencia necesitamos que ellos se comprometan también con la solución autónoma y extrajudicial de conflictos y pasen a aportar financiación a esta Fundación», ha sentenciado.

Dicho esto, ha garantizado el compromiso de la Junta de Castilla y León con este servicio de mediación y conciliación — «como no puede ser de otra manera», ha aseverado a preguntas de los periodistas— que cuenta con un presupuesto de 700.000 euros para el año 2021, cantidad que se podría llegar a ampliar si finalmente se llega a un acuerdo cofinanciación para la citada extensión del Serla al resto de la Comunidad y para los conflictos individuales.

Tras admitir que la propuesta puede derivar en «divergencias de opiniones» y añadir que no entendería un conflicto con los integrantes del Diálogo Social, política a la que su departamento destina cada año 11 millones de euros —44 en una legislatura—, Amigo se ha mostrado convencida de que su planteamiento «analizado y responsable» es «viable, razonable y adecuado» a la «difícil» situación de crisis, a lo que ha añadido que está basado en la colaboración y en el respeto a la autonomía de las partes, patronal y sindicatos.

Transparencia

En paralelo y como consecuencia de la aportación económica de la Junta, Ana Carlota Amigo ha advertido de que se hace necesaria la aplicación de los criterios de transparencia y rendición de cuentas, «además de un sistema objetivo y transparente para la designación de los mediadores que garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad».

«La prestación del servicio a los ciudadanos está garantizada por la Administración autonómica por lo que la extensión del Serla no es una prioridad», ha aseverado Amigo que se ha reafirmado en que este no es el momento de duplicar una estructura que ya existe —ha augurado una «multiplicación enorme» del coste— y sí de priorizar objetivos, con una mención expresa al mantenimiento del empleo y de las empresas afectadas por la crisis. «Tenemos el presupuesto que tenemos y tenemos que ser eficaces y eficientes», ha reivindicado la consejera.

«No es el momento, los recursos son escasos», ha recordado a las partes que, tras conocer esta primera propuesta de forma verbal, recibirán un documento por escrito con datos más precisos sobre la cofinanciación y la extensión del Serla al resto de las provincias, que Amigo ha preferido no detallar hoy si bien ha anunciado que convocará una Comisión Permanente «con urgencia» en la que dar cuenta de este y de otros informes que está elaborando la nueva dirección del Serla.