Las Cortes aprueban tramitar la ley para una teleasistencia sin copago
Las Cortes, con la abstención de PSOE y Podemos, han aprobado ayer iniciar la tramitación para modificar la Ley de Servicios Sociales con el fin de implantar en la Comunidad una teleasistencia avanzada y sin copago a propuesta de los grupos parlamentarios PP y Cs. El procurador ‘popular’ Miguel Angel García Nieto y la procuradora de Ciudadanos María Teresa Gago han defendido esta iniciativa que, a su juicio, supone «un gran salto» en la atención a las personas. Así, el procurador ‘popular’ ha reseñado que la Comunidad cuenta con una población envejecida con un 24,4 por ciento de la población mayor de 65 años, con lo que la teleasistencia es un servicios esencial para dar respuesta de forma «no presencial» a los más vulnerables, por lo que ha defendido la necesidad de introducir estas modificaciones para «aunar recursos humanos y tecnológicos».
Por su parte, la procuradora de Cs por Zamora, María Teresa Gago, ha subrayado la importancia de la teleasistencia. Así, para Gago la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la teleasistencia, que «se ha mostrado primordial e indispensable y que permitió durante todo este tiempo llevar a cabo acciones coordinadas entre el sistema sanitario y el de servicios sociales». «Consideramos necesaria la modificación de esta ley para garantizar la igualdad de acceso y el contenido de la teleasistencia en Castilla y León. Y con este cambio legal, la Junta asumirá íntegramente su financiación mientras que los Ayuntamientos seguirán prestando el servicio», ha aseverado.
No obstante, la procuradora de Podemos Laura Domínguez ha argumentado la abstención de sus dos procuradores a esta iniciativa, ya que, pese a estar a favor de la grautidad del servicios, a su juicio, no puede llevarse a cabo mediante la pérdida de competencias de ayuntamientos, al tiempo que ha asegurado que un contrato único le genera «dudas».
Por su parte, la socialista Nuria Rubio, pese a estar de acuerdo en la eliminación de copago, ha lamentado que una de las pretensiones sea «recortar competencias a ayuntamientos y diputaciones en servicios sociales».