CyL dará trato de protección pública a la vivienda colaborativa
La Junta incluye en su nueva Ley de
Castilla y León incluirá en su ley de Vivienda de Castilla y León los alojamientos colaborativos de protección pública y el bono de alquiler joven, dentro de las medidas urgentes que incluye el decreto ley de medidas urgentes aprobado el 23 de junio en el Consejo de Gobierno.
Una de las reformas en la Ley de Vivienda, que recoge el Decreto Ley, son las viviendas colaborativas o ‘cohousing’ como nueva modalidad de vivienda de protección pública, con el fin de regular una tipología muy demandada entre los jóvenes, para hacer posible su promoción en alquiler social, habilitando de esta forma la absorción de los fondos que ha recibido Castilla y León a través del Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social.
La vivienda colaborativa o cohousing es un fenómeno surgido para dar respuesta social al problema del acceso a la vivienda para grupos vulnerables como los jóvenes.
Esta nueva modalidad residencial posibilita que un grupo social con necesidades, intereses y objetivos comunes puedan desarrollar su proyecto de vida en hogares independientes, pero con zonas compartidas, sufragando también de manera compartida servicios esenciales como la limpieza, la jardinería o el cuidado de los niños.
Todo ello convierte a este modelo de vivienda en lugares más inclusivos y sostenibles que facilitan la convivencia, la cooperación y el uso responsable de los recursos naturales y energéticos que generan claros beneficios sociales, económicos y medioambientales.
La nueva norma introduce la regulación del Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, para adaptarse a la exigencia del artículo 65 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero.
Una primera reforma recogida en el Decreto Ley consiste en eximir del procedimiento de autorización de uso en suelo rústico a las actuaciones que, referidas a servicios esenciales —generación de energía, ciclo del agua, telecomunicaciones—, sólo supongan meras adecuaciones, renovaciones o ampliaciones de usos ya previamente autorizados.
Esta medida ahorrará tiempos de tramitación y costes de gestión a proyectos de relevante interés social sin rebajar las necesarias garantías urbanísticas.
Una última reforma consiste en demorar la desclasificación de los suelos urbanizables delimitados con uso residencial hasta el 19 de octubre de 2024, eliminando la desclasificación de esos suelos cuando su uso predominante sea distinto al residencial, esto es, comercial, industrial o productivo.