Junta y agricultores cierran filas en defensa de una PAC para profesionales

La consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y las organizaciones agrarias de la comunidad han cerrado filas en defensa de que el plan estratégico nacional que gestiona la nueva PAC tenga como principales beneficiarios a los agricultores y ganaderos profesionales.

El consejero del área, Jesús Julio Carnero, ha defendido que la figura del agricultor activo tiene que partir de estar dado de alta en la Seguridad Social agraria, y ha señalado en cuanto al pago redistributivo que «debe ir exclusivamente al profesional», o que al menos cuente con un suplemento, ha mencionado en el Club de Prensa ‘PAC. En busca de un futuro próspero para Castilla y León», organizado por El Mundo.

Carnero ha lamentado que el acuerdo de la PAC en Europa, una política que destina unos 1.100 millones de euros anuales a Castilla y León, «no está suficientemente equilibrado» el aspecto medioambiental con el económico y social, cuando cree necesario que tiene que ser «un instrumento para que la gente viva en los pueblos».

Críticas al ministro

EL representante de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha criticado que el ministerio de Agricultura liderado por Luis Planas haya fijado que todo aquel cuyos ingresos agrarios sean inferiores a 5.000 euros puede ser beneficiario, lo que ve contrario a «la máxima aspiración de acercar la PAC a los agricultores». «El gran drama de esta PAC podría ser que se reparta ese dinero entre gente que no vive de esto», ha advertido el representante de UCCL. Por parte de Asaja, Donaciano Dujo ha reprochado que de esta manera se va a perder producción y profesionalidad, y en este aspecto «Castilla y León es de las comunidades más perjudicadas porque es de las más profesionales». En este sentido, ha detallado que en la comunidad hay unos 45.000 profesionales de las algo más de 60.000 solicitudes de PAC, frente a los 220.000 profesionales de 680.000 peticiones a nivel nacional.

Otras reclamaciones de las organizaciones agrarias pasan por exigir las mismas condiciones a los alimentos importados, pues según el representante de UPA-COAG, Aurelio González, existe una «hipocresía política feroz» que permite que «empresarios se van a Marruecos a producir tomates con condiciones que les da la gana» y prohibidas en Europa y luego pueden importarlo sin someterse a los mismos controles que los producidos en España.

«Esta PAC hace que potencias como Estados Unidos o Australia estén frotándose las manos porque van a aumentar sus beneficios y a nosotros nos van a fastidiar más todavía», ha lamentado González, quien comparte con el resto de OPAS y con la Junta que la sostenibilidad medioambiental no puede primar sobre la social y económica.

Dujo ha apuntado también la buena disposición del gobierno autonómico y ha fijado como línea roja en la negociación el uso político de la PAC «para ganar votos» que dice que siguen «la inmensa mayoría de ministros y consejeros de este país».

Carnero ha adelantado que Castilla y León planteará al gobierno central y resto de autonomías que, en relación a los ecoesquemas, los cultivos de herbáceos, secano y de regadío tengan medidas específicas como la incorporación dentro de la condicionalidad reforzada de una rotación agraria que vaya hacia la diversificación, que sea por explotación y no por parcela, y que se introduzca el abono ecológico, entre otras medidas.

Van a reclamar que se incrementen los pagos tanto para secano como para regadío, «hasta ahora escasos» según el consejero, y que haya un control en las superficies que se vayan a destinar a pastos y cultivos permanentes en el conjunto nacional. Los representantes de las OPAS han adelantado que sus organizaciones a nivel nacional van a lanzar un mensaje conjunto en defensa del agricultor profesional, lo que ha agradecido Carnero: «No estamos hablando de echar a nadie. Hablamos de que nadie se vaya, de que los profesionales permanezcan en el sector, es vital».