La magistrada activa el dispositivo para enviar a Maíllo a la Audiencia Nacional

cristina fanjul | león

El horizonte penal del número del PP se complica. La Audiencia Nacional podría citar en breve a Fernando Martínez Maíllo, coordinador general del PP, como investigado por el caso de la gestión de la extinta Caja España-Duero. El pasado 8 de enero, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de León solicitó a los abogados de los investigados en la citada causa la información de sus defendidos para conocer si alguno de ellos ostenta la condición de aforado y que, en caso afirmativo, lo acrediten de manera documental. La jueza dio un plazo de tres días que, según ha podido saber Diario de León de fuentes de toda solvencia, no se ha cumplido. Una argucia legal ha esquivado la providencia dictada por Rocío González Boñar. Las defensas de todos los investigados —Miguel Ángel Álvarez, Artemio Domínguez González, Bernardo Fernández Álvarez, Francisco Javier Fernández, Alfredo Fernández Salvadores, Juan Elicio Fierro Vidal, Marcos García González, Francisco Javier García-Prieto, Zenón Jiménez-Ridruejo, Fernando Martínez Maíllo, Alejandro Menéndez Moreno, María Begoña Núñez, María Olga Palacio y José Antonio Turrado— han presentado documentación en la que solicitan la legitimidad de la acusación popular, ejercida por Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, y el archivo de la causa por entender que no hay indicios de delito.

No obstante, y según las mismas fuentes, la presentación de la información requerida por la magistrada no debería aplazarse más allá de dos meses, si bien el juicio podría demorarse años.

De hecho, las diligencias del juicio por las prejubilaciones de Caja Segovia son del 2011 y no fue hasta ayer mismo que se produjo la apertura del juicio oral. En el caso de Caja España-Duero, las diligencias son del año 2013.

La Fiscalía sostiene que el perjuicio económico para la entidad a causa de la administración desleal se cifra en 60 millones de euros debido a la concesión de una serie de créditos que se concedieron al que, por entonces era el presidente de la entidad, el empresario Santos Llamas. Según los datos periciales, el banco Ceiss, surgido de la fusión entre Caja España y Caja Duero, necesitó un rescate del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB) de 1.129.000.000 para evitar la quiebra. Hay que recordar que en el año 2010 entró en vigor la Ley de Cajas que prohíbe expresamente a los presidentes mantener u obtener créditos, avales o garantías de la entidad que presiden para el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales.

En Caja Segovia

Los seis exdirectivos de Caja Segovia se enfrentan a penas de cárcel de cuatro a ocho años, además de la obligación de restituir las cantidades percibidas en concepto de prejubilaciones, tras la apertura del juicio oral decretada por la magistrada del Juzgado número 2 de Segovia.

Así lo manifestó ayer en declaraciones a los medios el abogado de IU, Alberto López, quien además indicó que el objetivo de sentar en el banquillo a los responsables es esclarecer si se manipularon las condiciones para cobrar prejubilaciones por un valor de 17 millones de euros.

También se analizará si la extinta Caja Segovia se encontraba en condiciones para hacer frente a estos pagos millonarios porque, en su opinión, la entidad se encontraba en una situación «desastrosa» y los planes de prejubilación no prevén «premiar la mala gestión».

Los acusados, el entonces presidente de la entidad, Atilano Soto; el vicepresidente primero, Manuel Agudíez; la vicepresidenta segunda, Elena García; el director general, Manuel Escribano; el secretario general, Antonio Tapias; y el director de Recursos Humanos, Enrique Quintanilla, tendrán que abonar una fianza conjunta de 24,4 millones de euros en un plazo de cinco días. Según el auto esta fianza servirá «para asegurar las responsabilidades pecuniarias y civiles», y determina que de no aportar las cantidades correspondiente se les embargarán bienes hasta la suma indicada.