Diario de León
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La presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Angeles Armisén, denunció el viernes la situación de «incertidumbre y presión» en la que se encuentra las entidades locales después de que se haya vuelto a suspender, por segunda vez, la Junta de Gobierno de la FEMP. Y ahí, arrancó la polémica que la enfrenta al PSOE con el presidente de la Diputación de León y vicepresidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Eduardo Morán, a la cabeza.

«Las entidades locales no pueden seguir con esta incertidumbre, con una presión de no saber cómo va a ser la financiación ni el destino de nuestros recursos económicos» ha aseverado la también presidenta de la Diputación de Palencia, quien pidió al Gobierno central que «escuche» a las entidades locales, que «no están de acuerdo» con el argumento y la propuesta de que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez pueda usar todos los remanentes de estas entidades.

Armisén aseguró que las entidades locales no han recibido «ninguna ayuda hasta ahora» del Gobierno por el Covid-19, y ha afirmado: «no estamos de acuerdo en entregar nuestros ahorros al Gobierno y no usarlo en beneficio de nuestros vecinos»,.

Ángeles Armisén explicó que las entidades locales no pueden continuar con es «incertidumbre» por la «presión» del Gobierno a las entidades locales para «admitir una medida que no está al servicio de los ciudadanos».

También el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, criticó al Gobierno y pidió en la Conferencia de Presidentes del viernes la articulación de herramientas jurídicas que permitan a las comunidades autónomas limitar la movilidad o confinar zonas sin perder «rapidez y eficacia».

Mañueco defendió el trabajo de Castilla y León a la hora de realizar esos rastreos a través de 600 rastreadores, con otro centenar en formación, pero insistió en que el Gobierno de la Comunidad necesita herramientas jurídicas «más allá de confinamientos puntuales de personas concretas», algo «inviable» ahora mismo y que hace perder «rapidez y eficacia».

Los 16 presidentes autonómicos que acudieron a la llamada de Pedro Sánchez en San Millán de la Cogolla, abandonaron el monasterio de Yuste con más dudas que seguridades sobre el reparto del fondo de ayudas que la UE destinará para la reactivación de la economía española. La decisión de que esta caja quede en manos del jefe del Ejecutivo no fue bien acogida por los líderes territoriales que temen que las decisiones de reparto lleguen ya cocinadas a las conferencias de presidentes tras el verano.

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