domingo 23/1/22
                      La viceportavoz parlamentaria del PSOE, Patricia Gómez. R. GARCÍA
La viceportavoz parlamentaria del PSOE, Patricia Gómez. R. GARCÍA

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, ha sostenido este viernes su convencimiento de que la Junta de Castilla y León tendrá que abonar finalmente la fianza de más de 24 millones de euros que se reclama por la ‘trama eólica’, donde ha sido considerada por el juez que instruye el caso como responsable civil subsidiaria.

A preguntas de los periodistas tras la afirmación del consejero de la Presidencia, Angel Ibáñez, en la sesión de control del miércoles en la que apeló al artículo 32.2 del Estatuto de Autonomía para aclarar que la Junta está exenta de presentar fianza ante cualquier órgano o tribunal jurisdiccional, la socialista ha explicado que la norma básica de Castilla y León sólo exonera de pagar fianza o aval en los asuntos que atañen a las competencias propias de la Comunidad y ha ironizado al respecto si el consejero considera una competencia propia de la Junta la responsabilidad civil derivada de un delito de corrupción. «El Estatuto de Autonomía de Castilla y León no dice eso —lo que defiende el consejero de la Presidencia—. Lo que dice el Estatuto de Autonomía de Castilla y León exactamente es en el ejercicio de sus competencias propias», ha explicado Gómez que se ha preguntado si Ibáñez está considerando la corrupción como una competencia propia de la Junta, para añadir que el auto dice «claro y meridiano» que se requiere a la Junta de Castilla y León como responsable civil subsidiaria para afrontar la fianza en el caso de que no la abonen los principales acusados, que, según ha augurado también, no lo harán. «Ya le digo yo que va a tener que hacer frente a esa cantidad», ha aseverado la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista para recordar que «en muy pocas ocasiones» los acusados pagan las fianzas. «Fuera de ese supuesto, y además, está recogido en el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, tendrá que hacer frente como responsable civil subsidiaria a la fianza de 24 millones de euros», se ha reafirmado Patricia Gómez que ha advertido de que a esa cantidad se podrían llegar a sumar las correspondientes multas en el caso de que haya una condena que confirme los presuntos delitos —se han pedido multas por 848 millones—. Por todo ello, ha concluido que está por ver aún «cuánto costará a los castellanos y a los leoneses la presunta corrupción del Partido Popular».

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