PSOE y PP coinciden en que Cuentas evalúe el gasto público como pide Amilivia

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, subrayó ayer en las Cortes la experiencia de este órgano de control en la evaluación de políticas públicas y defendió que institucionalizar esta función en el Consejo, tal y como ha sido anunciado por el Gobierno autonómico, requiere de una iniciativa legislativa de creación y funcionamiento para garantizar la independencia de la institución autonómica.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda sobre el análisis de los sistemas de evaluación del gasto público de la Administración de la Comunidad, el presidente coincidió con el diagnóstico recogido en un informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) por encargo de la Junta al destacar que la asunción de nuevas competencias resultaría mucho más eficiente con la creación de una nueva sección de fiscalización dentro del organigrama del Consejo de Cuentas.

Amilivia se mostró «favorable» a asumir nuevas competencias que fortalezcan el servicio que la institución presta al conjunto de la ciudadanía y, muy especialmente, en esta nueva línea de trabajo. Sin perjuicio de cómo se articulen, en su caso, estas nuevas competencias en la estructura orgánica del Consejo. Señaló que «lo que sí parece obvio es que dicha asunción de competencias, si bien resultaría mucho más eficiente que la creación de un organismo estrictamente nuevo tampoco puede ser planteada a coste cero».

Una de las principales evidencias de la fiscalización es que el sistema diseñado no somete a evaluación todos los programas de gasto. De los 63 programas del presupuesto de 2018, sólo once están sometidos al seguimiento regulado, si bien su importe representa el 60% del total. No forman parte del sistema de evaluación programas como el de Deuda pública de la Comunidad (1.326 millones) y otros como los de Regularización mercados (956 millones); Enseñanza universitaria (348) o Pensiones y otras prestaciones económicas (194). Tampoco se demuestra documentada la relación entre el grado de consecución de los objetivos previstos y el importe que se asigna a los programas de gasto. Falta concreción y claridad en la definición de un número relevante de objetivos, actividades e indicadores.

Los grupos Socialista y Popular coincidieron ayer en que, ante la necesidad de disponer de un sistema de evaluación del gasto público externo, sea el Consejo de Cuentas el que asuma esta responsabilidad y no crear un nuevo organismo.