Diario de León

Recio asegura que «alguien» le dijo a Hacienda que «tenía que mirar más arriba»

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El abogado Jesús Rodríguez Recio, considerado por la acusación supuesto testaferro del exviceconsejero de Economía Rafael Delgado en la investigación de la llamada «trama eólica», ha asegurado este lunes que ya desde Hacienda le indicaron que les habían dicho que tenían que «mirar más arriba».

«Rodríguez Recio no es la trama eólíca», ha subrayado el letrado en la comisión de investigación sobre este caso que se desarrolla en las Cortes autonómicas, donde en principio se levantó la sesión ante la ausencia del declarante convocada para las 10.00 horas, aunque finalmente sí se desarrolló con su presencia. Ha concretado que llamó a Delgado para que acudiera con él a Hacienda a una entrevista y explicara cómo se llevaban a cabo las adjudicaciones de los parques eólicos, en las que ha destacado que él no tuvo nada que ver.

«Si ya me han dicho que tengo que mirar más arriba», ha manifestado el compareciente que les indicó la persona de Hacienda que les atendió, después de dos o tres horas de explicaciones por parte de Delgado. Rodríguez Recio ha expresado a los procuradores de las Cortes que está deseando que se descubra quién ordenó esto —la trama eólica—y la forma en que se hizo, tras lo que ha recalcado que él no es la trama eólica.

Durante la Comisión de Investigación de esta jornada también ha comparecido en el Parlamento autonómico el exdirector gerente de la antigua Agencia de Desarrollo de Castilla y León (ADE) Benedicto González Vereda, quien desempeñó esta función durante un año aproximadamente en 2006 —no investigado en la causa judicial—.

Tras aclarar que nunca formó parte del Consejo de Administración de Gestural, ha respondido a preguntas de los procuradores de Cs, PP y PSOE sobre la adjudicación del contrato del edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda conocido como la «Perla negra».

Cuando se hizo cargo de la función de director gerente de la ADE, en sustitución de Rafael Delgado, el contrato del edificio ya estaba en fase de licitación y la mesa de contratación se limitó a proponer la adjudicación «condicionada» para verificar el precio de la oferta, una cuestión que se trasladó al órgano de dirección de la Consejería de Economía, ha detallado González Vereda. Ha insistido en que su labor acerca de este asunto se limitó a plantear en la Mesa de Contratación la adjudicación condicionada a que se presentasen tasaciones.

Al ser preguntado sobre si se podían haber aplicado otros mecanismos en esa adjudicación en aras de mayor control y transparencia, ha situado ese debate en una cuestión muy técnica y ha precisado que la ley de contratos del sector público ya cuenta en la actualidad con una resolución ante la posibilidad de que pudieran surgir posibles dudas sobre hechos similares.

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