sábado 10/4/21

El Supremo condena a 2,5 años a una enfermera que entró "por curiosidad" en el historial de pacientes

enfermera
El tribunal considera que la enfermera condenada carecía de permiso para acceder al historial de una antigua compañera y sus hijos. DL

El Tribunal Supremo ha condenado a 2,5 años de cárcel y 6 de inhabilitación absoluta a una enfermera que entró "por curiosidad" en el historial clínico de tres pacientes que no tenía asignados –una enfermera y sus dos hijos- desde el centro de salud de la localidad de Serrada (Valladolid), donde trabajaba en 2016.

Con ese fallo, el Supremo estima parcialmente el recurso de esa enfermera y sus hijos, de la que la acusada fue tiempo atrás compañera en ese centro de salud, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que al igual que la Audiencia Provincia de Valladolid la absolvió del delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Según la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el Supremo considera que la acusada cometió un delito recogido en el Código Penal que sanciona a quien "sin estar autorizado acceda por cualquier medio a datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado, y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero".

El TSJ y la Audiencia de Valladolid entendieron que la actuación de la acusada no tenía encaje penal, reconduciendo los hechos al ámbito disciplinario, ya que se trató de un comportamiento derivado de la mera curiosidad, producto de los enfrentamientos personales habidos en el pasado entre denunciante y denunciada, sin que constara que difundiera o usara los datos.

El Supremo entiende que no es un hecho controvertido que la acusada "carecía de autorización para acceder a los datos a los que ilícitamente accedió, sin que conste que hubiera de realizar maniobra alguna para sortear los sistemas de seguridad del sistema informático".

La sentencia, ponencia del magistrado Eduardo de Porres, indica que los datos a los que se accedió estaban alojados en un programa informático MEDORACYL, que recoge la información integral de los pacientes del servicio público de salud, tanto su historial clínico como sus datos personales, por la que la acción desplegada por la autora es constitutiva del delito tipificado en el artículo 197.2 del Código Penal.

La Sala rechaza aplicar una agravación, como solicitaban los recurrentes, basándose en que el acceso se produjo respecto de datos sensibles con protección reforzada (datos relativos a la salud), ya que ello ya se ha tenido en cuenta para aplicar el tipo penal.

Y afirma que, en este caso se trató de "un simple acceso, guiado por la curiosidad, que no fue seguido de acción alguna que conllevara una lesión adicional del bien jurídico, por lo que no hay razón que justifique la agravación punitiva pretendida, razón por la que en este particular los recursos no pueden tener favorable acogida".

La Sala explica que la revocación de la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León es posible porque el Alto Tribunal se ha limitado, sin alterar los hechos probados y sin entrar en la valoración de la prueba, a realizar la correcta subsunción de los hechos probados en la norma penal procedente, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre revocación de sentencias absolutorias.

Los hechos se remontan al 18 de febrero de 2016, cuando la acusada accedió durante un minuto aproximadamente a los datos de otra profesional sanitaria que, a su vez, era paciente de otro Centro de Salud sin que hubiera motivo justificado.

El 23 de febrero accedió también, durante un minuto aproximadamente en cada caso, a los datos de dos hijos de la anterior.

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