Las notarías, a disposición de la discapacidad
Hacer testamento, votar o comprar una vivienda, más fácil para el colectivo
Capacitar a las personas con discapacidad para que puedan participar en la vida social en condiciones de igualdad jurídica. Esta es la tarea que, desde el pasado viernes, asumirán los 163 notarios y notarias de Castilla y León con la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Hacer testamento, votar, comprar una vivienda o ir al banco son actos cotidianos que, sin embargo, estaban vedados para muchas personas discapacitadas.
Frente a esta situación, la nueva norma aplica los principios recogidos en la Convención Internacional de Nueva York de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, y supone abandonar un viejo modelo basado en la incapacitación judicial y la consiguiente restricción de la capacidad de obrar, la protección, la tutela y el paternalismo para avanzar hacia un modelo de apoyo en el que se respete la propia voluntad y preferencias de los ciudadanos con discapacidad a la hora de regir su propia vida. El decano del Colegio Notarial de Castilla y León, Leopoldo Martínez de Salinas, precisa que la nueva función notarial se basa en el ya «tradicional, y esencial, juicio de capacidad del notario», que debe ahora expresarse en términos diferentes.
«La capacidad jurídica —subraya Martínez de Salinas— es inherente al ser humano y no puede ser enjuiciada o medida, de modo que la función del notario es apreciar el discernimiento suficiente para el acto que consagra en un documento público».
El decano añade que, para evaluar ese adecuado discernimiento, «la persona que comparece ante el notario puede necesitar algún apoyo, y el propio notario puede y debe recabarlo si lo considera apropiado. Puede incluso él mismo constituirse en figura de apoyo a quien, a su juicio, lo necesite».
Un «traje a medida»
De este modo, el notario debe definir los apoyos materiales y personales (familiares o allegados en la mayoría de los casos) que necesita cada persona con discapacidad. Se trata de diseñar para cada una de ellas un «traje a medida» que garantice que reciben la información adecuada para tomar libremente sus decisiones.
La normativa que acaba de entrar en vigor determina que solo se acudirá a la justicia en casos excepcionales en los que, aun contando con ayuda, la persona sea incapaz de formar y manifestar su voluntad.
En estos casos, quien ejerza la representación de la persona discapacitada deberá atenerse a la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, así como los factores que ella hubiera tenido en consideración, con el fin de tomar la decisión que habría adoptado la persona.
En el plazo de un año, todas las personas incapacitadas jurídicamente deberán revisar su situación para ajustarse a la nueva normativa.
Prevenir futura discapacidad
Por otra parte, la ley renueva e impulsa figuras legales ya existentes, como la autotutela (ahora autocuratela) o los poderes preventivos, para afrontar posibles discapacidades sobrevenidas por envejecimiento, accidente o enfermedad. En los últimos diez años, en Castilla y León se firmaron 1.352 poderes preventivos y 898 autotutelas.
Los notarios asesorarán a las personas interesadas a la hora de establecer la gestión de su patrimonio, la administración de cuidados, el ingreso en residencia o el cambio de ciudad, el régimen de apoyo en caso de discapacidad, las facultades de la persona o personas que hayan de prestarlo, su forma de ejercicio y control y los mecanismos de revisión de las medidas con el fin de garantizar el respeto a su voluntad.