domingo 22/5/22

El presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, quiere evitar a toda costa que se repita la imagen del tribunal de garantías fracturado por la mitad como ya ocurrió el pasado mes de julio cuando la corte (por seis votos a favor y cinco en contra) declaró ilegal el eje fundamental del primer estado de alarma: el confinamiento domiciliario.

González Rivas, con el beneplácito de la mayoría de los magistrados, ha decidido posponer el debate y votación del segundo del recurso contra el segundo estado de alarma nacional por la pandemia, el que se extendió del 25 de octubre de 2020 al 9 de mayo de 2021, sabedor de que el borrador de ponencia apunta también a la inconstitucionalidad de este segundo periodo extraordinario y que esta tesis vuelve a partir al tribunal. La idea primigenia era que el Pleno comenzara a deliberar sobre este asunto en su sesión que se celebrará entre el martes y el jueves, la única prevista para este mes de septiembre. Sin embargo, y con la excusa de resolver asuntos pendientes de anteriores plenos, el debate sobre el segundo estado de alarma se ha quedado fuera de la agenda de septiembre y se desconoce si entrará en la de octubre. González Rivas y los magistrados más moderados de ambos ‘frentes’ quieren que las «pasiones se enfríen», según expresión literal de una fuente muy cercana al tribunal, y que los magistrados tengan más tiempo para charlar de manera informal sobre lo sucedido en julio y, llegado el caso, acercar posiciones. Pero ni González Rivas ni su entorno más cercano se llaman a engaño: el consenso no solo va a ser imposible, sino que todo apunta a que habrá bronca. La ponencia de la sentencia ha recaído en el magistrado Antonio Narváez, de afinidad conservadora, como también lo es Pedro González-Trevijano, redactor del fallo que tumbó el encierro domiciliario de 2020. Y el borrador de Narváez no se anda con rodeos. El estado de alarma de los pasados otoño, invierno y primavera excepción (que fue la que permitió a las comunidades establecer ‘a la carta’ toques de queda, cierres perimetrales o limitaciones en las reuniones sociales durante la segunda, tercera y cuarta ola) fue ilegal porque eludió el control parlamentario y cedió a las autonomías competencias que no debía.

La legalidad de ese segundo estado de alarma fue recurrida por Vox.

El TC aplaza el debate del segundo estado de alarma para evitar fracturas
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