Los agricultores amenazan con reducir la oferta si no suben ya todos los precios

El campo español lleva semanas sufriendo «una tormenta perfecta» —con costes de producción disparados y grandes diferencias de precios en la cadena alimentaria de muy difícil justificación— que nada tiene que ver con las inclemencias climatológicas que vive el país. La situación es «especialmente grave» y por eso sus tres principales asociaciones representativas hacen frente común para movilizarse.

Durante diciembre —también del 20 al 22, coincidiendo con la huelga patronal de transportistas— se dejarán ver con diversos actos que culminarían en una gran manifestación en Madrid. ¿Y qué reclaman? «Nos concentramos para pedir precios justos», afirma Andrés Góngora, delegado de la ejecutiva de Coag para frutas y hortalizas. «No venimos a pedir ayudas —decía el miércoles en una de esas protestas—, queremos que se nos pague lo justo para cubrir los costes de producción y vivir dignamente».

Una reivindicación que, sobre el papel, parece simple y lógica. Pero, en la práctica, las cifras del mercado convierten su demanda esencial en casi la cuadratura de un círculo que el Gobierno se comprometió a lograr. El vehículo era la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria y gracias a ello, y no en menor medida los rigores de la pandemia, se apaciguaron los ánimos del campo que entre enero y febrero de 2020 había vuelto a salir a la calle.

Pero la tramitación del proyecto de ley de mejora de la cadena ha ido mucho más lento de lo esperado —el Senado no lo aprobó hasta hace una semana con casi 200 enmiendas y el Congreso prevé ratificarlo el 2 de diciembre— y el sector agrario se ha quedado sin armas en el peor momento, pues sus costes de producción se han incrementado un 30% de media en los últimos doce meses.

Así, respecto a sus insumos, los piensos para el ganado han elevado su precio un 32%, las semillas otro 20%, los abonos un 48%, el agua para los riesgos un 33% y los plásticos para los invernaderos otro 46%. Eso sin olvidar que el gasóleo para los tractores se ha encarecido un 73%, la factura eléctrica se ha disparado un 270% y el salario mínimo —elemento importante para muchas explotaciones— ha subido casi un 30% en tres años.

La situación está vinculada al encarecimiento mundial de materias primas y problemas parecidos en el mercado energético, que en el caso de Europa se acusan más por falta de oferta suficiente.

Pero los agricultores también ven una mano especuladora. «La soberanía alimentaria de la UE está en juego por la globalización», advierte Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, para quien el comercio alimentario «tiene que tener una regulación mínima y no se puede dejar en manos de los fondos de inversión». Se refiere a algunas operaciones en los mercados de futuros agrícolas que cotizan en la Bolsa de Chicago y a movimientos alcistas con los fertilizantes.

En todo caso, los problemas del campo español pueden resumirse en uno arrastrado hace años: la enorme diferencia de precios entre los eslabones de la cadena alimentaria. Según el índice Ipod que elaboran cada mes los técnicos de Coag desde la crisis de 2008, el precio de un producto como el ajo se multiplica por nueve desde las manos del agricultor hasta las del consumidor final (de 0,64 euros a 5,76 el kilo, según la lista de octubre). En las cebollas la diferencia es de ocho veces más (700%), en las patatas siete (600%) y en los limones seis (502%).

La media de incremento desde el cultivo o la granja a la mesa es de 4,41 veces. Hace trece años, en octubre de 2008, el promedio era 4,55 veces. Y eso que «está prohibido pagar por debajo de costes», advierte José Luis Miguel, director técnico de Coag.

Reunión de la cadena MAÑANA

La industria agroalimentaria y la distribución comercial son los otros eslabones —aparte de algunos intermediarios— de esa cadena que tan mal parece funcionar. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha convocado a todos mañana para «conversar y discutir sobre la situación actual». Se lo pidieron hace dos semanas las asociaciones agrarias, para las que llega algo tarde porque necesitan ya medidas «y urgentes», advierte Pedro Barato, secretario general de Asaja.

A corto plazo, ayudas financieras —a través de los fondos europeos, sugieren— y desgravaciones fiscales. Sobre la mesa, el riesgo de desaparición de granjas y cultivos por pérdidas e incluso problemas de desabastecimiento de alimentos que, a priori, descartan las asociaciones.

Lo que sí plantean es reducir la oferta para ajustar costes. De hecho, ya se ha visto en una media del 10% en ramas como la avicultura, la ganadería porcina y el vacuno de carne.