Los auditores señalan a la autoridad bancaria por el blanqueo de capitales
El Tribunal de Cuentas denuncia presiones en la EBA sobre posibles casos
La UE se halla inmersa en otra reforma normativa para combatir el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas. Será la sexta vez que lo haga en forma de Directiva comunitaria -la primera en 1991 y la última en 2018- y, a priori, pretende que sea la definitiva, más allá de ulteriores actualizaciones de algunos puntos. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCUE) ha puesto de manifiesto en un informe las «insuficiencias» de la arquitectura comunitaria aquí.
La Comisión (CE) presentó sus grandes líneas en julio pasado, con la voluntad de establecer un marco único de reglas y requerimientos de aplicación directa para combatir esa lacra. Por ejemplo, mejorar la comprobación del dueño real y beneficiario de los fondos, tener la diligencia debida con los clientes de las entidades financieras y extender estas normas de control a los criptoactivos. «El lavado de dinero es una clara amenaza para los ciudadanos, las instituciones democráticas y el sistema financiero», advertía la comisaría de Servicios Financieros, Mairead McGuiness. Según calcula, casi el 1,5% del PIB de la Unión (133.000 millones de euros) corresponde a transacciones con dinero «ilegal» —Europol lo rebaja al 1,3%, pero los casos sospechosos se han disparado un 881% entre 2010 y 2019—. «No se puede subestimar la magnitud del problema —afirmaba—. Hay que sellar las rendijas que pueden aprovechar los delincuentes».
Porque grietas en el marco de vigilancia de la UE frente al blanqueo de capitales existen, algunas incluso llamativas. Los auditores de las instituciones comunitarias las han encontrado tanto en el papel de la propia Comisión como en el del Banco Central Europeo (BCE) y el de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Precisamente a ésta última dedican sus críticas más severas en un dictamen de casi un centenar de páginas.
La EBA tiene competencias para investigar posibles infracciones del Derecho de la Unión respecto a la legislación sobre lavado de dinero. Sin embargo, «nunca ha incoado por su propia iniciativa una investigación relativa al blanqueo». Y eso que entre 2015 y 2019 recibió «en total 48 casos de diversas fuentes» sobre posibles irregularidades e incumplimientos, algunos relativos a la supervisión de carácter prudencial.
En otras ocasiones, cuando la Comisión le presentaba formalmente varias solicitudes de investigación, le respondía «con un retraso considerable... no constando motivos claros para dicha demora» que «no concuerda con los principios de buena administración o cooperación mutua entre organismos e instituciones de la UE».