El BE plantea la ‘mochila austríaca’ a cambio de reducir el despido

El Banco de España pone sobre la mesa su propuesta para que la reforma laboral que el Gobierno espera cerrar este año ponga fin a la desigualdad que el marco actual mantiene en aspectos como las indemnizaciones por despido entre trabajadores temporales e indefinidos.

En su Informe Anual 2020 publicado ayer, el organismo comandado por Pablo Hernández de Cos aboga por un sistema mixto que incluya la reducción a la mitad de los actuales costes del despido a cambio de impulsar la denominada ‘mochila austríaca’.

Se trata de un fondo al que las empresas aportarían de forma periódica una contribución a nombre de cada trabajador (seis días por año, según su propuesta). El empleado puede recuperar esa contribución en caso de perder su trabajo. Y también podrían acceder a ella en el momento de la jubilación. En caso de baja voluntaria, el importe no se perdería, sino que se llevaría de ‘mochila’ para seguir ampliándolo con las aportaciones de sus futuras empresas.

El Banco de España calcula que el coste de lanzar esta medida rondaría los 8.000 millones de euros. Así que propone que parte de ese coste se financie con los fondos europeos Next Generation. «Un uso de los fondos europeos para este fin estaría en línea con las condiciones establecidas en el reglamento de la Comisión Europea, que indica que las reformas financiables con estos fondos deben ayudar a potenciar el crecimiento o a mejorar la sostenibilidad económica o medioambiental», defiende la institución. Al mismo tiempo, se produciría esa rebaja del coste del despido, a 6 días el temporal, 10 días el económico y 16,5 el improcedente.

Los expertos realizan una detallada simulación, con datos laborales entre 2013 y 2016, para un trabajador con un sueldo de 1.500 euros mensuales, contratado en 2011 y despedido a cierre de 2014 (suponiendo que la reforma entró en vigor en 2013), la compensación que le correspondería sería de 60 días (20 por cada año anterior a la medida y 10 por cada año posterior), unos 3.000 euros de indemnización. En paralelo, dispondría de 600 euros (seis días por cada año posterior a la reforma) de su ‘mochila’. En total, 3.600 euros. Sin la reforma, la indemnización sería de 20 días por año trabajado. Es decir, 80 días equivalentes a 4.000 euros. La cifra es superior, pero el trabajador se quedaría sin los 600 euros de su fondo si, por ejemplo, decide abandonar de forma voluntaria su empresa.

Desde la institución recuerdan además que, bajo el sistema actual, los ajustes laborales recaen principalmente en los temporales, pues sus despidos son más baratos. Con la nueva fórmula, este colectivo saldría beneficiado.

También creen que habría una mejora en la movilidad laboral y, por lo tanto, en los salarios, pues aquel que quisiese cambiar de trabajo percibiría, al menos, lo acumulado en su ‘mochila’ en el momento de su salida. Las empresas también se verían beneficiadas al evitar «posibles tensiones de liquidez» al aportar de forma periódica al fondo, en vez de pagar de golpe una indemnización por despido.

El Banco de España advierte en su informe de que la pandemia parece ha aumentado la desigualdad de en la sociedad española, recordando que jóvenes y rentas bajas vuelven a ser los más castigados, por ejemplo, en el ámbito laboral. «La pandemia puede acelerar el proceso de automatización de ciertas ocupaciones y la necesidad de reasignación de trabajadores hacia otras tareas. Este proceso podría afectar especialmente a ocupaciones que ahora desarrollan sobre todo mujeres y colectivos con bajo nivel de formación», añaden.

Ante esta situación, Hernández de Cos insistió ayer en la urgencia de llevar a cabo «reformas estructurales» con «amplio consenso» político para que las mismas tengan «vocación de permanencia y resulten creíbles». Sólo así se acabará con problemas como la temporalidad laboral, la desigualdad, el elevado endeudamiento empresarial o la sostenibilidad de la Seguridad Social.

Retos que se suman a otros derivados de la crisis y que empiezan a asomar ya «implicaciones duraderas». Es decir, que amenazan con ser persistentes en el tiempo. El organismo señala, entre otros, el retraso en la asistencia sanitaria, la vulnerabilidad de las finanzas públicas, el posible empeoramiento de los resultados académicos tras meses de clases desde casa o el problema de la despoblación en las zonas rurales.

Frente a la brecha social, pide buscar soluciones que mejoren la oferta del alquiler y analizar las distintas políticas de transferencias sociales en diversos ámbitos de la Administración Pública, incluidas la sanidad y la educación, así como el funcionamiento del sistema impositivo.

En concreto, destaca el Ingreso Mínimo Vital (IMV) como herramienta que podría contribuir «significativamente» a paliar la pobreza extrema en el país.