jueves 27/1/22

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha dado a España esta semana el último toque de atención. El ritmo lento de ejecución de los fondos europeos está teniendo su efecto en la recuperación, que no se alcanzaría plenamente hasta 2023. Los desembolsos no llegan (no al menos a la velocidad deseada) y eso ha contribuido no solo a que la demanda de los hogares haya sido más débil, sino que obliga a revisar a la baja los indicadores de crecimiento (4,5% este año frente al 6,8% previsto). Sindicatos y empresarios no han ocultado tampoco su frustración por esa inercia que vienen advirtiendo desde hace semanas e incluso el propio Gobierno admite que la economía real no percibe aún en toda su envergadura el impacto de las ayudas del plan de recuperación.

España espera recibir por esa vía 19.000 millones de euros antes de que acabe el año: 9.000 ya se transfirieron en verano y los 10.000 restantes lograron el viernes luz verde de la Comisión Europea (CE) y que ahora deberá ser refrendado por el Comité Económico del Consejo Europeo. Fuentes consultadas por este diario mantienen —sin alusión expresa al país— que «como principio general, los Estados miembros deben aplicar el Plan de Recuperación y Resiliencia respaldado por el Consejo» y recuerdan que incluye hitos y objetivos claros con plazos también claros. Pide, en definitiva, al Gobierno español ser consecuente. Y eso incluye total transparencia e «informar a la Comisión Europea lo antes posible de eventuales retrasos».

No existen, por ahora, indicadores a nivel europeo sobre el grado de implementación de los planes de recuperación en los Estados que permitan establecer una comparativa. En España, una estimación reciente de la fundación financiera Funcas cifraba en unos 5.700 millones los fondos con convocatoria abierta para este ejercicio; en torno a un 21% del total.

Bruselas apremia a España a ejecutar los fondos «porque los plazos son claros»
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