Seis de cada diez entidades locales esconden sus contratos a la lupa de Cuentas
El sector público local lleva varios años aprobando el examen presupuestario anual con superávits o, como mucho, déficits reducidos. Pero esa buena labor tiene otra cara claramente negativa, dado que la ocultación de sus datos contables es una práctica extendida, tanto que ha sido objeto de críticas severas por el Tribunal de Cuentas (TCu).
El reproche más evidente, a la vez que recurrente, es la laxitud a la hora de cumplir sus obligaciones. De las 14.151 entidades locales existentes (ayuntamientos, diputaciones, cabildos, comarcas y mancomunidades), casi la mitad (el 45%) no rindió su cuenta general -en su último informe analiza datos de 2020, el primer año de la pandemia de covid- al órgano fiscalizador dentro del plazo legal. De ellas un 14% lo hizo con medio año de retraso (al cierre de 2021) y del resto (un 31%) no se tienen noticias de que lo hayan llegado a hacer.
Pese a ese incumplimiento extendido, entre los auditores públicos existe el convencimiento de que no es un problema de tiempos sino de voluntades. De hecho, en su dictamen el TCu estima que dado el desarrollo de las nuevas tecnologías, los plazos legales de rendición de cuentas para las entidades locales «resultan excesivamente dilatados».
Para abundar en su tesis de que es más una cuestión de actitud, el tribunal destaca las grandes diferencias en los niveles de rendición de cuentas según la comunidad autónoma de origen. Así, mientras en Andalucía solo un 35% de las entidades locales presenta sus cuentas a tiempo, en la Comunidad Valenciana suponen el 97% y en Aragón el 93%.
Entre los ayuntamientos señalados por esa indolencia hay diez considerados grandes, al tener una población superior a los 100.000 habitantes. Se trata de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga, Marbella, Badalona (Barcelona), Las Palmas de Gran Canaria y Palma (Mallorca) -el mayor consistorio de los 111 que nunca han presentado sus balances en plazo-, junto a los madrileños de Getafe y Móstoles. A ellos se añaden las diputaciones provinciales de Cuenca, Ávila, Zamora, Lleida y de nuevo Cádiz, además de buena parte de los cabildos.