Los escollos: cupos de temporales y vigencia de convenios laborales

Entre todos los aspectos que el Gobierno quiere derogar de la reforma laboral de hace una década dos son las cuestiones que más fricciones están generando con los sindicatos y los empresarios: la vigencia de los convenios colectivos y la temporalidad.

En estos dos frentes actúa el Ministerio de Trabajo, con el de Economía ya incorporado a las negociaciones. Fuentes de la mesa del diálogo social admiten que la presencia del departamento dirigido por Nadia Calviño comienza a dejarse sentir en la flexibilidad de las nuevas propuestas. No es un invitado técnico más, indican esas fuentes.

El Gobierno quiere modificar la parte de la reforma laboral que acabó con la ultraactividad, esto es, el hecho de que cuando expire un convenio pueda seguir vigente hasta que se acuerde uno nuevo, sin ningún tipo de plazo o limitación temporal. Los sindicatos defienden que es clave recuperar este derecho, sobre todo cuando se trata de pequeños negocios cuyos empleados apenas tienen margen de negociación y sobre los que se les puede aplicar, llegado el caso, el convenio sectorial, el territorial.

Una de las ideas que maneja el Ejecutivo implicaría prolongar la vida útil de un convenio que expire, pero con limitaciones en el tiempo.

Esto es, que una vez que expire un convenio, pueda seguir en vigor, aunque no indefinidamente como ocurría antes de la reforma laboral. Sino bajo alguna fórmula que limite esa vigencia para que los sindicatos puedan continuar negociando sin la presión de la empresa de aplicar el convenio de carácter superior, que suele incluir peores condiciones.

En el caso de la temporalidad, sobre la mesa había figurado la idea de que se limitara al 15% el número anual de trabajadores eventuales con los que podría contar la plantilla de cada empresa. Sin embargo, ese límite será flexibilizado después de que la patronal haya advertido sobre el impacto que puede tener su generalización. Hay empresas que precisan de temporales, por su propia dinámica, como las vinculadas al turismo.

Esta propuesta no gusta a la patronal, que arguye las especificidades de cada tipo de negocio para evitar un planteamiento de forma generalizada. Por ello, el Gobierno ha asumido que va a modificar su postura inicial.

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha aclarado que «todas las cuestiones se están negociando y discutiendo». Incluida también esa tasa de temporalidad máxima permitida para la contratación en las empresas.

«Habrá una propuesta nueva, por supuesto, para la siguiente reunión en esa mesa de diálogo social de la de la próxima semana, que irá incorporando las contribuciones de las distintas negociaciones, ideas distintas, y conversaciones que están teniendo lugar».

Previsiblemente, según apuntan fuentes de la negociación, la modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, el referido a las formas de contratación, supondrá una limitación de los eventuales por sectores de actividad. No es lo mismo una empresa dedicada al turismo o la hostelería, donde funcionan por épocas del año en algunos territorios, que una industria —muy ligado a tramos de producción— o una firma financiera o del sector servicios.