Gobierno y agentes sociales ceden para pactar un salario mínimo de 950 euros
Ninguna de las partes consigue el objetivo que públicamente había reclamado sobre este alza
Álvarez (UGT), Sordo (CC OO), la ministra Díaz, Garamendi (Ceoe) y Cuerva (Cepyme).
«Todos hemos tenido que ceder». Con esta frase, la ministra de Trabajo y Empleo Social, Yolanda Díaz, resumía ayer la negociación acelerada que ha llevado a cabo junto a los sindicatos y la patronal para acordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 950 euros al mes para 2020. La medida, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero, revela un acuerdo salomónico en el que ninguna de las partes ha conseguido el objetivo que públicamente habían reclamado para acometer este alza.
Los sindicatos partían de la idea de subir el SMI a los 1.000 euros este ejercicio; los empresarios advertían sobre el peligro de incrementarlo más allá de los 900 euros a los que se subió en 2019. Y el Ejecutivo quería poner en marcha la medida con las voces de Unidas Podemos que abogaban por los 1.000 euros y las de otros ministros del PSOE más proclives a la moderación en esta senda. «Como en cualquier negociación, nos hemos dejado pelos en la gatera», ha admitido el presidente de la Ceoe, Antonio Garamendi.
El acuerdo llega apenas dos semanas después de la formación del nuevo Ejecutivo y supone la materialización de otra de las medidas sociales anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura. Se incrementa un 5,5% tras el alza del 22% acordada entre PSOE y Podemos hace algo más de un año, cuando el SMI avanzó de los 735 a los 900 euros. En cuatro años, el avance ha sido superior a los 300 euros.
La titular de Trabajo se mostraba satisfecha por lo que considera que es «un día feliz para todos los trabajadores». Porque ayuda a combatir «la desigualdad que existe en nuestro país». Yolanda Díaz alabó «el esfuerzo acometido por empresarios y sindicatos» para alcanzar este pacto que no se atisbaba al menos en un horizonte tan temprano por las posiciones de Ceoe, por una parte, y UGT y CC OO, por otra. Sin embargo, han sido las negociaciones «discretas», como reconoció ayer el líder de CC OO, Unai Sordo, las que han permitido llegar a este punto.
La medida -el primer reto al que se enfrentaba Yolanda Díaz al frente del Ministerio desgajado de las competencias de Seguridad Social- mejorará la situación salarial de unos dos millones de trabajadores, según explicó la ministra. «Una parte importante tienen que ver con los trabajadores del régimen general y otra con dos sectores como el de las trabajadoras domésticas y el de la agricultura», explicó. Además, habrá que sumar el impacto sobre los trabajadores que se encuentran a tiempo parcial. La responsable de Trabajo negó que la medida impacte en el empleo.