El Gobierno da un año a la banca para poner servicio presencial en zonas rurales

Han pasado más de siete meses desde que las asociaciones de banca y la administración pública firmasen un nuevo protocolo para fomentar la inclusión financiera de mayores y zonas rurales del país. Desde aquel 21 de febrero, el sector ha movido algunas fichas para mejorar la situación.

Pero la ampliación de horarios en servicios de caja no parece suficiente para cerrar la enorme brecha abierta en determinados municipios de la España vaciada. Bajo esa premisa, el ministerio de Economía firmó el viernes un nuevo protocolo con las principales patronales del sector para que en el plazo máximo de un año todos los municipios españoles cuenten con un punto presencial de servicios financieros. «Está en el interés de las propias entidades llegar a todo el territorio y ser parte de la solución», indicó la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tras la reunión a la que también asistió un representante del Banco de España. La hoja de ruta es clara. Las entidades tendrán un plazo inicial de seis meses para instalar al menos un punto de atención presencial (no con oficinas genéricas, sino a través de agentes financieros, cajeros, ofibuses, etc.) en los municipios de más de 500 habitantes que actualmente no disponen de acceso a servicios financieros.

En total, 250 municipios con 211.000 habitantes, según cálculos del Ejecutivo. En el caso de que, transcurridos esos seis meses, no se haya realizado ninguna actuación, el sector se compromete a la instalación de cajeros automáticos genéricos, «de marca blanca», en un plazo adicional máximo de otros seis meses. Ese ‘cajero genérico’ sería gestionado por un operador específico y daría acceso a funciones básicas y retirada de efectivo. Y desde el sector insisten en que se seguirá con «riguroso respeto» la normativa de competencia.