Tribunales
El acusado de dejar embarazada tres veces a una menor estará ocho años en prisión y no 37
El acuerdo tácito de conformidad reduce la condena para él y para los otros cuatro procesados a los que se proponen seis meses de condena en lugar de los tres años que se solicitaban
El acusado de dejar embarazada tres veces a una menor, durante la sesión matinal del juicio.
El acusado de dejar embarazada tres veces a una menor ha reconocido esta mañana en la Audiencia Provincial los hechos que se le atribuían, al igual que los otros tres investigados.
Pese a que no se ha seguido la fórmula tradicional para la conformidad, los procesados han asegurado que la descripción correlativa de los hechos es la que detalla el Ministerio Público.
La víctima ha alcanzado ya la mayoría de edad pero se ratifica en la veracidad de su denuncia. Ha declarado por videoconferencia desde Langreo.
En sus conclusiones definitivas, el fiscal baja la pena a ocho años de prisión que propone por entender que las relaciones fueron consentidas por la costumbre gitana y asegurar que comenzó a tener relaciones con once años. La deja en un delito continuado y aplica atenuantes diversas. Al resto de los procesados les deja la pena que pide en seis meses de prisión.
La fiscalía precisa que los hechos ocurrieron en mayo de 2017, cuando el procesado, aunque conocía la edad de la víctima, mantuvo en al menos tres ocasiones relaciones sexuales con ella, fruto de las cuales nacieron dos niños y una niña.
La fiscalía entiende que la víctima no estaba capacitada para prestar un consentimiento válido para mantener relaciones sexuales con un hombre adulto.
Además, indica que la menor se tuvo que enfrentar a un "clima de violencia" que propició que fuera víctima de numerosas agresiones, insultos y vejaciones. En concreto, precisa que el 22 de noviembre de 2021 el principal acusado propinó a la chica una paliza que le produjo diversas lesiones.
Tres días después fue detenido e ingresó en prisión provisional, donde ha permanecido desde entonces.
La víctima se encuentra en la actualidad tutelada por la Junta de Castilla y León y fue la que denunció los hechos por los que se inició el proceso judicial.