El Gobierno valora que las pensiones inicien el año con un 0,25% de subida
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, admite que la fórmula «está aún por definir»
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.
A dos semanas de que finalice el año, los más de nueve millones de pensionistas aún desconocen cuánto subirán sus prestaciones a partir del próximo 1 de enero. La complejidad del calendario político, en el que el PSOE sigue buscando apoyos para lograr una investidura sin fecha exacta hasta ahora, se ha unido a los complejos trámites legales necesarios para poder autorizar una revalorización que vaya más allá del mínimo normativo con un Gobierno en funciones. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha admitido que la fórmula «está todavía por definir» sin descartar que las pensiones comiencen el año con el alza mínima que establece la ley: el 0,25%.
Valerio reconocía ayer que «todo depende de si se decide mantener en vigor el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social o suspender su aplicación». Si no se anula temporalmente ese artículo, la revalorización será del 0,25% hasta que el Gobierno apruebe posteriormente la subida prometida del 0,9%. En este caso, sería con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Si finalmente el Ejecutivo suspende ese artículo antes de fin de año, como ya ha hecho este Gobierno y el anterior en los dos últimos ejercicios, 2020 comenzaría con ese alza del 0,9% anunciada, el nivel en el que previsiblemente cerrará la inflación, según las previsiones de Economía. «En el hipotético caso de que el IPC subiera más», dijo la titular de Trabajo, «se pagará una paga compensatoria a principios de 2021 con efectos del 1 de enero de 2020».
A medida que transcurren los días se hace más complicado aprobar la revalorización de las prestaciones antes de Nochevieja. Primero, porque apenas restan dos Consejos de Ministros en funciones; y en segundo lugar, porque el trámite legal requiere la valoración de otros órganos de la Administración, como la Abogacía del Estado, que debe dar su visto bueno a la medida, al ser de carácter excepcional.
Por eso, la ministra de Trabajo ha asegurado que esa subida conforme al IPC real es un compromiso del actual Gobierno en funciones y del PSOE. Además, ha recordado que este fue el único punto de acuerdo cerrado en la mesa del Pacto de Toledo en septiembre del año pasado.
La que ha sido una de las promesas estrellas del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, puede sufrir un ligero retraso, a pesar de que el propio presidente se comprometió durante la pre-campaña y la campaña a revalorizar las prestaciones en función del IPC real, incluso con el Ejecutivo en funciones. «Como estemos se aprobará», indicaban por entonces a este diario fuentes de La Moncloa. Los socialistas contaban, al igual que ahora, con que ningún partido se opondrá a esa decisión. Aunque la estrechez de los plazos y los trámites legales necesarios se han interpuesto en el camino de Sánchez.
Si definitivamente llega el 1 de enero sin ese decreto que suspenda el artículo del 0,25% mínimo y proponga otra revalorización, las pensiones subirán inicialmente unos 2,5 euros al mes (unos 35 euros al año), lo que situaría la prestación media del sistema en 995,5 euros mensuales. En el caso de los jubilados, ganarían 2,8 euros más al mes (unos 40 euros adicionales al año), hasta los 1.143 euros mensuales.
Sin embargo, y aunque inicialmente no se apruebe la revalorización programada del 0,9%, una vez que se materialice, todas las pensiones se adaptarían a ese incremento de forma retroactiva, con el pago correspondiente proporcional con efectos del 1 de enero. Si ese es el porcentaje final por el que opta el Consejo de Ministros, las prestaciones subirían, de media, casi ocho euros al mes, y en el caso de los jubilados, la mejora rondaría, también de media, los 10 euros en cada ingreso que la Seguridad Social realice durante 2020. Todas estas medidas volverán a elevar previsiblemente la deuda que acumula la Seguridad Social, sobre todo para hacer frente a los abonos de las dos pagas extraordinarias (la de verano y la previa a Navidad), como lleva ocurriendo desde hace dos años.
El sistema acumulaba hasta finales de octubre un endeudamiento 53.694 millones de euros, casi 1.250 millones más que en el mes anterior, según datos del Banco de España.