miércoles 18/5/22

Menos jubilaciones anticipadas y más trabajadores que deciden alargar su vida laboral más allá de los 65 años. Ésta ha sido siempre una de las grandes medidas de reforma del sistema de pensiones que el actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha defendido —incluso antes de su entrada al Gobierno, durante su etapa al frente de la AIReF—para tratar de contener el gasto y aumentar los ingresos. Así lo hizo el pasado miércoles en su comparecencia ante la comisión del Pacto de Toledo pero sin profundizar, algo que sí hizo en una entrevista en Onda Cero, dejando claro que uno de sus planteamientos pasan por endurecer unas penalizaciones que considera insuficientes.

La propuesta que tiene encima de la mesa el ministro es «corregir los elementos distorsionantes de la regulación de las jubilaciones anticipadas», es decir, cambiar el modelo actual que, a su juicio, «no está bien diseñado», a la vista del «exceso de jubilaciones anticipadas voluntarias» que hay. Las cifras así lo corroboran: uno de cada seis jubilados se retira antes de tiempo voluntariamente e incluso más de cuatro de cada diez jubilaciones se producen antes de la edad legal. En la última década suponen cerca de 1,5 millones de personas las que han salido del mercado laboral antes de los 65 años.

¿Cómo se desincentiva en la actualidad las prejubilaciones? Existen unos coeficientes reductores que oscilan entre el 6% y el 8% de merma de la base reguladora (que es sobre la que se calcula la prestación final) por cada año que se adelante su retiro. Sin embargo, esa reducción se sitúa en el entorno del 2% o 3%, lo que es «un desincentivo bajo», según admitió el ministro. La razón es que el coeficiente reductor del 8% se calcula sobre la base reguladora que es muy superior a la pensión máxima.

Jubilarse antes de tiempo supondrá un recorte real de la pensión del 8 por ciento anual
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