El nuevo SMI: ni fecha ni cuantía

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, evitó ayer dar una fecha para iniciar la negociación del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para este año así como concretar la cuantía que pondrá encima de la mesa del diálogo social. Y eso pese a que se había comprometido el pasado septiembre con los sindicatos —cuando pactaron subirlo a 965 euros con la oposición de la Ceoe— a situarlo ya en enero en 1.000 euros al mes (repartidos en 14 pagas), según sostienen las organizaciones de los trabajadores.

Es más, UGT reiteró ayer que se trata de un compromiso de todo el Ejecutivo que suscribió el propio presidente, Pedro Sánchez, por lo que desde los sindicatos no se plantean otro escenario diferente.

«Los 1.000 euros es un compromiso real del Gobierno del mes de septiembre. No del Ministerio de Trabajo, del Gobierno, incluido el presidente», afirmó en un encuentro con periodistas el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que estimó que afectará a unos cuatro millones de trabajadores.

Sin embargo, la ministra de Trabajo no mencionó durante una entrevista en TVE este compromiso que no llegó a rubricarse por escrito en ningún documento y dejó la puerta abierta a pactar otra cantidad diferente al remitirse simplemente al informe que elaboró el comité de expertos y que recomendó elevar las rentas más bajas entre 24 y 40 euros en 2022, lo que supone colocarlo en una horquilla de entre 989 y 1.005 euros.

«El objetivo yo creo que está explicitado, hablo a través de documentos, en el comité de expertos», sostuvo Díaz, quien sí aseguró que convocará la mesa del diálogo social para abordarlo «enseguida». Y así lo esperan los sindicatos, que confían que sea esta semana, porque tanto UGT como CC OO avisaron ayer de que no tolerarán que el incremento para 2022 se retrase como el año pasado.

«Es evidente que el SMI tenía que haber subido el 1 de enero a 1.000 euros. No ha subido, queremos pensar por la intensidad de la negociación de la reforma laboral, ahora no vamos a esperar más», advirtió Álvarez, quien amenazó con una «respuesta contundente», con un calendario de movilizaciones, si no se pone en marcha ya. E incluso fue más allá y apostó por fijar ahora el incremento para 2023, que considera tiene que ser 1.063 euros, para cumplir con el compromiso del Gobierno de coalición de que sea el 60% del salario medio.

En esta misma línea se manifestó su homólogo de CC OO, Unai Sordo, que dejó claro que es «absolutamente descartable un escenario como el del año pasado (cuando se mantuvo congelado hasta el mes de septiembre), al menos con nosotros». «No sé si será el 26 de enero o el 5 de febrero, pero tiene que ser de forma rápida y para que rija en todo el 2022 o se va a encontrar con la oposición radical de Comisiones Obreras», precisó.

Ambos sindicatos emplazaron a la Ceoe a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva este mismo mes o en febrero, una vez se resuelva el trámite parlamentario de la reforma laboral. Sin embargo, no quisieron adelantar una cifra o porcentaje para la subida salarial hasta que sea consensuada entre ambas organizaciones. Sí avanzaron que en ningún caso los trabajadores podrán perder poder adquisitivo y por eso pedirán una subida salarial ligada al IPC y que incluya una cláusula de garantía salarial, para su revisión.