La polémica de las microempresas
Uno de los puntos más polémicos es el procedimiento simplificado creado para las microempresas —las que tienen menos de 10 trabajadores y menos de dos millones de euros en ingresos— y que será el aplicado en más del 80% de los casos.
El anteproyecto justifica este procedimiento especial por la ineficacia de los actuales. Las microempresas suelen acceder al procedimiento concursal cuando su situación financiera se ha deteriorado tanto y queda tan poco valor en la empresa que cualquier solución reorganizativa resulta poco viable. Y subraya que el concurso tiene unos costes muy altos, a veces mayores que el valor que queda en la empresa. Por ello, se habilita un procedimiento especial en el que no intervendrán ni abogados ni procuradores, ni administrador concursal ni experto en reestructuración, ni el juez excepto si hay litigios, para determinadas funciones o si lo solicitan las partes y asumen el coste.
La reforma permite que sea el deudor quien liquide la masa activa. El Gobierno lo justifica por la previsibilidad de que incluirá pocos activos y su liquidación debería resultar sencilla a través de la plataforma de liquidación que se creará, de acceso gratuito y universal.
Pero los expertos no lo ven así. El presidente de Aspac recalca que el procedimiento especial «prescinde absolutamente del administrador concursal y crea a los acreedores una total inseguridad jurídica porque los deja en manos del deudor, que va a gestionar su propia deuda. Eso no se da en ningún país del mundo» «No se va a examinar la contabilidad del deudor. Es absolutamente necesario que haya un vigilante, un supervisor y ese debe ser el administrador concursal», recalca Monasterio.
Tampoco los empresarios ven fácil este sistema. Carlos Piñero, director del área jurídica de ATA, explica que se deja toda la carga del proceso sobre el deudor y es «impensable e inviable» que el autónomo pueda abordar este procedimiento solo, sin ayuda externa, por lo que pide que se aplique la justicia gratuita (abogados y procuradores).
Para ATA, el anteproyecto «es insuficiente». «Se puede perder una oportunidad única en un momento crucial», alerta Piñero. También Robles subraya la importancia de una ley adecuada: «Nos estamos jugando el tejido productivo».