La reforma fiscal abogará por tipos mínimos en los impuestos autonómicos

Fue en abril de 2021 cuando el Ministerio de Hacienda, comandado por María Jesús Montero, anunció la creación de un comité de expertos encargado de analizar el sistema tributario español. La idea era, moviendo de aquí y tocando de allá, elaborar una profunda hoja de ruta para elaborar la reforma tributaria que no solo es un compromiso del Gobierno con Bruselas, sino que resulta vital para acercar la presión fiscal de España a la media europea.

El próximo 28 de febrero acaba el plazo para que ese grupo de sabios presente sus propuestas al Ejecutivo. Y ya se sabe que la armonización fiscal entre las autonomías es uno de los retos que Montero quiere impulsar con la reforma. Y también el que más tensiones ha generado estos días. Fuentes consultadas aseguran que la idea que se maneja es imponer nuevos tipos mínimos en los tributos cedidos a las regiones, o elevar los ya existentes, especialmente en Sucesiones y Patrimonio y Transmisiones.

El consenso parece absoluto en la necesidad de, sin dañar la autonomía fiscal, evitar que unas comunidades puedan suprimir tributos provocando lo que otras tachan de ‘dumping’ fiscal. Es un claro intento de frenar políticas como las de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, con fuertes bonificaciones en este tipo de figuras. «Ninguna autonomía puede legislar por encima de una ley orgánica», sentenció Montero hace unos días en alusión a la ley financiera aprobada recientemente en la región.

El objetivo del Gobierno parece claro. Pero los fiscalistas tienen dudas en torno a las fórmulas que se barajan para la reforma. «No resulta razonable que nos empeñemos en mantener el impuesto de Patrimonio, que dificulta la atracción del ahorro y arroja distorsiones en el territorio», indica Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas. Durante unas jornadas organizadas por la institución, la mayoría de expertos coincidió en la necesidad de suprimir esta figura —algo que el Gobierno ha descartado por completo—, armonizando Sucesiones y Donaciones entre las comunidades. Aseguran que estos tributos apenas alcanzan una aportación del 15% en la recaudación total sobre la riqueza, que en España llega más desde otras ‘herramientas’ recaudatorias como el IBI o Transmisiones. Las fuentes consultadas indican que, dentro de sus recomendaciones, el comité de expertos insistirá a Montero en la necesidad de que cualquier cambio sea fruto del diálogo con las autonomías. Sobre todo si alguno de ellos afecta de alguna forma al régimen foral vasco o navarro con el IRPF.

En este punto, los analistas consultados coinciden: «el Gobierno respetará su autonomía financiera». Y más en un momento preelectoral, con el Ejecutivo pendiente también de sacar adelante regulaciones y reformas comprometidas con Bruselas en las que el apoyo político resulta vital. Es decir, no se esperan cambios de calado que impliquen una masiva subida de impuestos. En todo caso, los ‘sabios’ de Montero no serán los que decidan los tipos o las exenciones a aplicar. Ni tampoco los beneficios fiscales que se eliminarán o modificarán. Desde el propio Ministerio de Hacienda reconocen que el esperado Libro Blanco es importante por sus «aspectos técnicos». Se analizará su contenido, pero la decisión de la futura política fiscal queda en manos del Ejecutivo y, después, del propio Congreso que tendrá que dar luz verde a la reforma. Pocos cambios inmediatos se esperan también para otras grandes figuras como el IVA, más allá de posibles retoques para una redistribución de los productos que ahora están gravados a un tipo reducido o superreducido y podrían pasar al tipo general del 21%.

Impuestos verdes

Más espacio de movimiento parece tener la fiscalidad verde, uno de los pilares que debe guiar la norma. Sin embargo, fuentes del Ministerio reconocen la «escasa capacidad recaudatoria» de algunos de estos tributos. Así que parece claro que el objetivo de aumentar la presión fiscal no llegará de esta parte del texto que, en todo caso, hay que desarrollar para cumplir con la Comisión Europea. Dentro de su Plan de Recuperación, el Gobierno se ha comprometido, entre otras cosas, a un nuevo impuesto al diésel, además de a los billetes de avión. Medidas que podrían justificarse en las recomendaciones del comité. Eso sí, siempre a cambio de algún tipo de compensación (por ejemplo, mayores bonificaciones para adquirir vehículos híbridos), pues hay bastante consenso en el carácter regresivo del impuesto.