La urgente reforma del sistema de pensiones está en punto muerto

El objetivo está claro: lograr que el sistema público de pensiones sea sostenible sin tener que recortar las prestaciones. Sin embargo, el reto es muy complicado, puesto que en la actualidad las pensiones españolas son de las más generosas de Europa, con una tasa de cobertura (el porcentaje de pensión pública respecto al último sueldo) cercano al 80%.

¿Cómo lograr mantener el poder adquisitivo de los mayores si en los próximos años se prevé una avalancha de jubilaciones que provocará que se superen los 15 millones de pensionistas, cada vez con una mayor esperanza de vida? Para colmo, la Seguridad Social arrastra desde 2011 un déficit de unos 18.000 millones anuales y una deuda que supera ya los 100.000 millones, mientras el fondo de reserva, esa hucha que se creó precisamente para hacer frente a la jubilación del ‘baby boom’, está prácticamente vacío, con apenas 1.500 millones.

Y mientras, la urgente reforma de las pensiones está en punto muerto. Descargar a la Seguridad Social de todos los gastos no contributivos, retrasar la edad efectiva de jubilación con incentivos y penalizaciones, ampliar el periodo de cálculo de la pensión y potenciar los planes de empleo son algunas de las medidas que gozan de un gran consenso.

25 aniversario

El día 6 de abril celebraremos el 25 aniversario del Pacto de Toledo.

En el año 1995 en una situación de crisis económica y ante la incertidumbre sobre el futuro del sistema público de Seguridad Social los grupos políticos en el Congreso de los Diputados decidieron ponerse de acuerdo en lo que fueron unas recomendaciones que sirviesen de marco de referencia para futuras reformas del sistema. Tuvieron claro que la Seguridad Social es uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar y que toda la ciudadanía en uno u otro momento de su vida debe afrontar situaciones en las que, como consecuencia del desempleo, de la enfermedad, de los accidentes, de la vejez, de la viudedad... pierde capacidad para obtener una renta salarial y se ve abocada a la necesidad de percibir un subsidio o una pensión. Consideraron que era idóneo el buscar un espacio de debate tranquilo y no sometido a tensiones electorales y partidistas.

Posteriormente, estas recomendaciones se renovaron en 2003 y en 2011. Y se deberían haber renovado en enero de 2016. En febrero de 2019 estuvo a punto de conseguirse un acuerdo, pero la convocatoria de las elecciones del 28 de abril hizo que no fuese posible. Atrás quedaron dos años de múltiples reuniones de la mesa y portavoces y de la propia comisión con cerca de cincuenta comparecencias de miembros del Gobierno, expertos, responsables sindicales y empresariales, representantes de asociaciones de autónomos, de la Economía Social, de personas con discapacidad y de diversos organismos públicos como el Banco de España o la AIReF.

Ahora toca retomar toda la tarea realizada e intentar llegar cuanto antes a un acuerdo en el seno de esta histórica e importante comisión.

La sociedad entera nos está mirando, afirma la presidenta de la comisión del Pacto de Toledo y exministra de Trabajo.