Los actos a favor de los presos etarras dirigen ahora la presión hacia los jueces

La pandemia volvió ayer a impedir a la plataforma ciudadana Sare organizar la gran manifestación a favor de los presos de ETA que cada enero recorría las calles de Bilbao. La cita, una exhibición de músculo de la izquierda abertzale, fue sustituida por 191 marchas de menor tamaño celebradas en otros tantos municipios del País Vasco, Navarra y el sur de Francia. Son 29 concentraciones menos que el año pasado, cuando la pandemia también golpeaba con dureza, pero congregaron una vez más a miles de personas.

El espíritu de las convocatorias fue el mismo de siempre: recordar la situación que viven los 196 reclusos y exigir el fin de la política penitenciaria «de excepción» en la que el Gobierno, dicen los organizadores de las marchas, sigue «empecinado» pese a haberse cumplido el décimo aniversario del fin de la violencia etarra.

La escenografía se repitió, pero el contexto de las manifestaciones nada tiene que ver con el de ocasiones anteriores. Según los datos de Sare, por primera vez más de la mitad de los presos de ETA (91) se encuentran cumpliendo condena en cárceles e instituciones médicas del País Vasco y Navarra o en sus propios domicilios, y el resto (84) lo hacen en prisiones del centro o del norte de España. En Francia, tres cuartas partes de los reclusos (21) se reparten entre los centros más cercanos a la frontera.

El nuevo mapa penitenciario es consecuencia de la política de acercamientos emprendida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante los dos últimos años. 143 traslados contabilizó la Asociación de Víctimas del Terrorismo solo en 2021, una cifra récord. La tendencia, y el traspaso de la gestión de las cárceles autonómicas al Gobierno vasco —ayer se cumplían 100 días—, hacen que el entorno de los presos considere suprimida de facto la política de dispersión, así que ha empezado a redirigir sus reivindicaciones.

Las críticas más duras ya no se dirigieron hacia Moncloa, sino a los jueces. «Miran permanentemente a través del retrovisor, entorpecen el camino hacia la normalización», lamentó Joseba Azkarraga, portavoz de Sare.

La izquierda abertzale ha trasladado al entorno de Sánchez la necesidad de hacer modificaciones de calado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, un órgano clave en la concesión de progresiones de grado y beneficios penitenciarios para los presos de ETA. El Ministerio Público se ha convertido en estos momentos en el principal obstáculo para la estrategia diseñada por los independentistas al rechazar durante los últimos meses varias resoluciones de las juntas de tratamiento de las cárceles favorables a flexibilizar las condenas de algunos reclusos.