La Audiencia reabre la querella por genocidio a Gali en plena ofensiva del PP
La Audiencia Nacional revocó ayer la decisión del juez Santiago Pedraz de archivar la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos contra Brahim Gali por presuntos delitos de genocidio. Considera que el asunto debía haberse tramitado como procedimiento ordinario y no abreviado.
La decisión —que no prejuzga si los hechos analizados constituyen o no un delito de genocidio sino a quién corresponde acordar o no el sobreseimiento del caso— se produce en un momento en el que la oposición ha arreciado su ofensiva contra el Gobierno por haber autorizado la entrada en España del líder del Frente Polisario en secreto para ser atendido de covid en un hospital riojano.
El asunto, por el que ya ha sido imputada la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, entró de lleno este miércoles en la sesión de control al Gobierno, en la que Pablo Casado interrogó a Pedro Sánchez sobre su papel sin lograr respuesta. «¿Es usted la ‘X’ del caso Gali?», insinuó.
El sucesor de González Laya al frente de la diplomacia española, José Manuel Albares, también tuvo que enfrentarse al cuestionamiento del PP y de Vox, que prepara una moción sobre el tema. Al contrario que Sánchez, él si contestó para advertir de que, como ocurrió con el ‘Delcygate’, los tribunales acabarán desestimando todas las acusaciones que ahora acechan a exmiembros y miembros del Ejecutivo.
Los magistrados entienden que ha existido una «confusión procedimental», ya que los delitos de genocidio por los que se interpuso la querella, en unión de otros como torturas, y que el juez consideró que prescribían a los 20 años, están todos castigados «con penas que superan el límite objetivo del procedimiento abreviado».