El bloqueo lleva a la Justicia al límite

«La única anomalía democrática que existe hoy en España es la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial». Con una rotundidad inusitada, el pasado 15 de junio el presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, señaló a los partidos políticos por incumplir su responsabilidad constitucional de renovar el CGPJ, que camina hacia el cuarto año de interinidad el próximo diciembre. Un récord absoluto desde su nacimiento hace casi 42 años.

Lesmes se despachó con estas palabras tras reunirse con la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable del Estado de Derecho, Vera Jourova, que viajó a España para poner en tela de juicio la politización del órgano de gobierno de los jueces y reclamar cambios para ajustar el nombramiento de sus vocales a los estándares europeos (que los jueces puedan decidir directamente la designación de sus pares).

Por mucho eco que tuvieran estas declaraciones en los medios de comunicación, la realidad es que no generaron ningún impacto sobre los dos actores que imposibilitan el desbloqueo: PSOE y PP, sabedores de que la Justicia no da votos. Pese a depender únicamente de ellos por la mayoría parlamentaria que ostentan —suman dos tercios de los escaños en el Congreso—, siguen sin ponerse de acuerdo para nominar a los 20 vocales que componen el Consejo. Y lo peor de todo es que a día de hoy «todos los puentes están rotos», admite un conocedor de las negociaciones.

Lejos de pensar que con el nuevo equipo de Alberto Núñez Feijóo iban a desaparecer los obstáculos que impidieron llevar a puerto la negociación iniciada con el PP de Pablo Casado, las posturas entre los dos negociadores, el socialista Félix Bolaños y el popular Esteban González Pons, están alejadas y no hablan desde antes del verano.

Esta «grave situación» —reconocida desde todos los estamentos de la Judicatura— marcará la apertura del año judicial, el solemne acto que presidirá el rey el miércoles y que contará con la presencia de la cúpula togada, ministros del Gobierno y dirigentes del PP. Será una nueva ocasión para que Lesmes recuerde a los presentes la obligación constitucional de renovar el órgano de gobierno de los jueces, responsable entre otras tareas de hacer nombramientos, imponer sanciones o elaborar informes sobre proyectos legislativos.

El presidente del CGPJ considera que esta interinidad está erosionando también el normal funcionamiento de los altos tribunales. El motivo es una norma impulsada por el Grupo Socialista y Unidas Podemos en el Congreso, que entró en vigor en marzo de 2021 y amputó la capacidad del Consejo de realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras estuviera en funciones. Una restricción pensada para presionar al PP en la negociación, pero que ha acabado por afectar a aquellas plazas de magistrados que se han jubilado forzosamente a los 72 años o han terminado su mandato en estos 17 meses.

Así, el número de vacantes alcanza ya las 64 plazas. De ellas, 29 pertenecen a tribunales superiores autonómicos (siete de ellas corresponden a presidencias), 14 a puestos de magistrados en el Tribunal Supremo (cerca del 20% de la plantilla), la jefatura de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y 20 presidencias de sala en las audiencias provinciales.

En dos ocasiones, octubre de 2021 y junio pasado, la Sala de Gobierno de Supremo ha transmitido al Congreso su «honda preocupación» por las «graves dificultades» que atraviesa el alto tribunal, que de continuar el bloqueo en el CGPJ dictará unas mil sentencias menos cada año, según se estima.

La ministra de Justicia Pilar Llop, en respuesta a unas declaraciones de Núñez Feijoo, cuantificó el martes el dinero que le está costando a los españoles la falta de renovación. Afirmó, entre críticas al líder del PP de que no caben «chantajes ni condicionamientos» para cumplir con la renovación, que el gasto en refuerzos en el Supremo alcanza ya los 1,3 millones de euros hasta la fecha. Una cifra que asciende a 12,5 millones en el sistema de justicia en su conjunto.

La carta del Constitucional

Al desacuerdo para poner fin a la caducidad del Consejo se sumó a mediados de junio otro elemento que ha redoblado la tensión entre los distintos poderes del Estado. Se trata de la renovación de un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional —cuatro de sus 12 miembros—, cuyo mandato venció antes de verano.

Ante la posibilidad de que se perpetúe la composición de la corte de garantías, con claro dominio conservador, impidiendo el cambio de mayorías acorde a la actual representación parlamentaria, PSOE y Unidas Podemos han promovido una modificación exprés de la ley para que el CGPJ sí pueda nombrar en este caso a sus dos magistrados al TC pese a estar en funciones. Las otras dos designaciones corresponden al Gobierno. La fecha límite para consumar este proceso es el lunes 12 de septiembre. Pero antes, este jueves, está convocado un pleno extraordinario en el Consejo para examinar la lista de candidatos.

El intento de Lesmes de buscar el mayor consenso posible entre los vocales está siendo por ahora en balde. La propuesta de nominar a magistrados procedentes del Supremo, y más concretamente de la Sala Penal, se ha encontrado con dos negativas significativas: la del presidente Manuel Marchena y la de Antonio del Moral, según confirman fuentes de su entorno. El ambiente en el Consejo está muy viciado por la larga interinidad y la contrarreforma socialista ha acentuado la división entre los vocales.

El bloque conservador reclamó un pleno para debatir el texto y llevarlo a las instituciones europeas. Sin embargo, su posición de fuerza quedó mermada por la fuga de vocales afines que no han querido sumarse a su postura frentista. Pese a que no le guste la reforma, Lesmes cuenta con una mayoría suficiente para sacar adelante los dos nombramientos al Constitucional (se requieren tres quintos de los votos del pleno). De consumarse, este confía en que sirva de impulso para poner fin de una vez al bloqueo político en el gobierno de los jueces.