Bruselas avisa al Gobierno de que pone bajo vigilancia su plan contra la desinformación

No prejuzga, pero se mantiene «al tanto». Y eso en la fina terminología de Bruselas es un aviso a navegantes. El plan del Gobierno de Pedro Sánchez para actuar contra la desinformación, que incluye la «monitorización» de contenidos en medios de comunicación y plataformas digitales para evitar una hipotética «difusión deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos», según la disposición publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha puesto ya en alerta a la Comisión Europea.

Uno de sus portavoces, Johannes Bahrke, confirmaba ayer en rueda de prensa que la iniciativa impulsada por Moncloa, rechazada por la oposición y que genera recelo en los propios medios y en colectivos profesionales de periodistas —la AMI y la Fape ya han exigido aclaraciones—, está siendo estudiada por el Ejecutivo comunitario.

«Esta orden se ha puesto en marcha basándose en la legislación de emergencia (frente al coronavirus) y, como ustedes saben, la Comisión está vigilando la aplicación de medidas de emergencia por parte de todos los Estados miembros durante esta pandemia».

Bahrke daba esa respuesta a una pregunta específica sobre la medida española, ratificando así que está a examen. En el contexto de esa supervisión general de las acciones de todos los gobiernos europeos contra el coronavirus. Pero bajo la lupa.

Un aparente nuevo tropiezo del Gobierno de coalición con Bruselas, que hace apenas dos semanas daba un toque de atención al frustrado intento de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que PSOE y Unidas Podemos pretendieron imponer sin contar con el principal partido de la oposición. Entonces cayó como una losa aquel «seguimos de cerca» con el que se despachó otro portavoz del equipo de Comunicación de Ursula Von der Leyen.

La misma longitud de onda en lenguaje diplomático que ese «al tanto» que hoy envuelve la disposición contra las ‘fake news’. ¿Y hacia dónde se orienta esa vigilancia? La propia presidenta Von der Leyen ha insistido en varias ocasiones y en distintos foros en que todas las medidas que pongan en práctica los Estados miembros durante estos meses complejos por la celeridad de responder en distintos flancos a las emergencias del patógeno, han de ajustarse al respeto a los «valores fundamentales que rigen en la Unión Europea». Es más, la alemana ha llegado a hacer mención expresa a líneas rojas como la vulneración de la libertad de expresión o la libertad de prensa. Una mácula que se ha achacado tradicionalmente a países del club como la Hungría de Víktor Orban, Polonia o Eslovaquia.

El 28 de octubre, la Comisión incidía en la variable de la desinformación, cuando actualizó su plan para combatir los efectos de la segunda ola de la covid-19. En vísperas de una cumbre de líderes con el virus como único asunto a debate, Von der Leyen pedía a los gobiernos relanzar las campañas de comunicación para contrarrestar la «información falsa, engañosa y peligrosa que sigue circulando» y para hacer frente al riesgo de «fatiga pandémica». Pero hasta ahí. Recomendación de «campañas», sin alusión alguna a un hipotético desarrollo de disposiciones o legislaciones extraordinarias como lo que está en el sustrato de la orden publicada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo. Y que ha generado una nueva tormenta política en España.

Con el PP —que ya trató de lanzar una proposición no de ley en 2018 que fue rechazada por PSOE y Podemos— calificando de «ataque intolerable» a la democracia la medida y amenazando con buscar su invalidación en Bruselas.

El grupo de Ciudadanos en la Eurocámara cuestionó ayer directamente a la Comisión Europea sobre si «considera oportuno que el Ejecutivo decida los contenidos informativos o si cree que el control del contenido de los medios por parte de un Gobierno es compatible con los principios, valores y legislación de la Unión Europea». Su eurodiputada Maite Pagazaurtundua alertó por carta al comisario de Justicia, Didier Reynders, de que la orden ministerial «abre una vía al Gobierno para vigilar a periodistas, a medios de comunicación y perseguir lo que considere ‘desinformación’ abriendo la posibilidad al abuso y daño de la libertad de opinión».

Mientras, el Gobierno salió en tromba para tratar de aplacar las fuertes críticas recibidas tras anunciar su polémico plan . Moncloa quiere disipar cualquier sospecha y argumenta que la estrategia frente a la desinformación es una «obligación» para proteger de los bulos a la sociedad y sus valores democráticos.