Casero niega prevaricación y sólo admite «errores» administrativos
El diputado nacional del Partido Popular Alberto Casero declaró este lunes ante el juez del Tribunal Supremo en calidad de investigado por determinados acuerdos y contratos de servicios que habría realizado cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres), en 2017 y 2018. Una causa que se sigue por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. En su comparecencia, Casero reconoció que pudo haber errores administrativos con determinados contratos (se examinan al menos cinco), pero descartó ante el magistrado instructor, Andrés Palomo, haber dictado resoluciones injustas a sabiendas, esto es, haber cometido prevaricación cuando era regidor.
Tras declarar durante más de hora y media, Casero explicó a su salida del Supremo que el interrogatorio «había ido bien, con normalidad» y admitió sentirse «tranquilo». En este sentido, justificó su declaración voluntaria, es decir, sin esperar al trámite del suplicatorio al Congreso, «porque creía que no había nada que ocultar». El interrogatorio se produjo después de que el juzgado de Trujillo remitiera una exposición razonada para investigar al parlamentario. El escrito fue respaldado por la Fiscalía del Supremo, que además de presunta prevaricación entendió que había también indicios de un delito de malversación de caudales públicos. Según la prueba documental y testifical aportada por el juzgado, existen «indicios sólidos» de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, por lo que a su juicio se comprometió al pago de diversas cantidades sin comunicarlo al ayuntamiento y sin los informes necesarios.
Contratos y cuantías
El juzgado recogió que en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento de Trujillo, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto. Además, en septiembre de 2017 firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un acuerdo comprometiendo al consistorio al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.