Caso cuarteles: empresas fantasma, chapuzas descomunales y viajes gratis
La trama corrupta en la Guardia Civil revela la falta de controles internos durante 12 años
Los más de 5.000 folios que ya acumulan las Diligencias Previas 1203/2021 del Juzgado de Instrucción 3 de Madrid revelan una burda trama corrupta en la Guardia Civil que no hizo nada por ocultarse. Una red de amiguetes que se apoderó de, al menos, 3.385.568 euros públicos y que lo hizo a la vista de todo el mundo y sin que nadie en el instituto armado moviera un dedo por comprobar si los trabajos que se estaban realizando en los cuarteles de media España se estaban ejecutando realmente y a quién se estaba adjudicando esas obras de reparaciones que, incluso, en mucho casos no habían sido siquiera reclamadas por las comandancias afectadas.
El sumario del ‘caso cuarteles’, al que ha tenido acceso este periódico, ya certifica con multitud de documentos recabados por el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil esa falta de control interno entre 2008 y 2020 en, al menos, trece unidades territoriales (Zona de Murcia y comandancias de A Coruña, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid). La primera gran irregularidad que no fue detectada por la Guardia Civil es que los trabajos estaban siendo adjudicados a cuatro empresas que eran prácticamente fantasmas y que no tenían ninguna infraestructura en la península. Y es que las firmas de Ángel Ramón Tejera de León, ‘Mon’, el amigo del teniente general Pedro Vázquez Jarava, entonces jefe de la Subdirección General de Apoyo y principal imputado en este caso, no tenían «ningún centro de trabajo» ni «ningún centro de actividad empresarial».
El sumario incluye fotografías de las supuestas sedes de las cuatro empresas que fueron regadas con 195 adjudicaciones (Impermecork, Angrasurcor, Canarycork y Solocorcho) y son apartamentos, garajes y chalés.
Las alarmas tampoco saltaron cuando por, ejemplo en 2017 en Castellón, el departamento que dirigía el teniente general Jarava empezó a enviar dinero a la comandancia para reparar los cuarteles de Torreblanca y de la Vall D ‘Uxó, sin que nadie lo hubiera solicitado.
A los auditores de la Guardia Civil tampoco les llamó la atención que Angrasurcor, radicada en un chalé de Aznalcázar, en Sevilla, ganara un concurso para la demolición en 2017 del cuartel de Garachico, en Tenerife, pero que al final los trabajos fueran subcontratados a dos empresas reales de la isla (Demoliciones y Derribos Tenerife y Excavaciones Nino).
El sumario pone de manifiesto básicamente que las firmas de ‘Mon’ no tenían ni siquiera capacidad para las pequeñas reformas que se le encargaban por precios hinchados. En algunos casos, como en el acuartelamiento de Los Dolores, en Alicante, Angrasurcor ni siquiera inició los trabajos de aislamiento. En Fuente de Cantos, en Badajoz, usó una pintura de resina en lugar del aislamiento de corcho.Pero el listado en poder del juzgado de Madrid de chapuzas de todo tipo y envergadura es enorme: «ejecuciones deficientes», humedades que aparecían al poco tiempo de la supuesta impermeabilización, abombamientos en las zonas reparadas, desprendimientos en los muros recién arreglados, caída del corcho que se había puesto para aislar, desperfectos en los parámetros interiores. Y no solo eso. De las cuatro empresas de ‘Mon’, solo una Angrasurcor, tenía licencia para aplicar el producto estrella del aislamiento, el ‘corcho proyectado Decoproyect’.
El resto lo hacían sin ningún conocimiento técnico ni garantía alguna en la ejecución. Las diligencias previas ponen de manifiesto que nadie comprobó nada ni nadie discutió las órdenes del teniente general Pedro Vázquez Jarava de contratar siempre con ‘Mon’. Tampoco nadie investigó hasta 2017 a este mando a pesar del altísimo tren de vida a base de los regalos que recibía por parte del empresario al que hizo ganar más de tres millones de euros en obras sin realizar.