El choque entre poderes del Estado sitúa el discurso del rey en el foco

El rey que en sus ocho años al frente de la Monarquía parlamentaria española ha atravesado crisis tan severas y dispares como la inestabilidad que derivó de la irrupción de la ‘nueva política’ crítica con la Corona, los problemas legales de Juan Carlos I —padre y antecesor— y una calamidad como la pandemia pronunció el 3 de octubre de 2017 su discurso más trascendental hasta la fecha. Fue la severa respuesta desde la Jefatura del Estado a la intentona separatista del independentismo catalán, una de cuyas patas —Esquerra Republicana— sostiene, un lustro después, la turbulenta legislatura del Gobierno del PSOE con Unidas Podemos. Aquella fue una crisis, en verdad, tan insólita y profunda que resulta complicado establecer comparaciones con el resto de alocuciones de Felipe VI, singularmente las de felicitación de la Navidad. Pero la de esta Nochebuena —la novena desde que accedió al trono— ha despertado una acusada expectación ante el inusitado choque desatado entre los poderes del Estado que tiene al frente a la Corona.

Hoy, a las 9 de la noche, la ciudadanía de a pie, los responsables públicos y los cargos políticos se asomarán a la tradicional comparecencia navideña del rey en un contexto de fuerte zozobra motivado, esta vez, por una erosión institucional en la que se entremezclan dos hechos en origen distantes —el bloqueo de la renovación del Poder Judicial y los pactos del Gobierno de Sánchez con los secesionistas catalanes y vascos— y que han desembocado en la inimaginable, hasta este lunes, suspensión por el Tribunal Constitucional de una votación en las Cortes Generales. El freno en el Senado a la reforma sobrevenida y exprés del Gobierno, con el objetivo de actualizar el TC y reorientarlo hacia una mayoría progresista, ha acabado siendo la espoleta de un estallido sin precedentes en democracia entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Con el engranaje de la normalizada convivencia entre instituciones seriamente resentido, con todos los puentes rotos entre los dos grandes partidos sobre los que ha pivotado la dirección del país desde la Transición y en puertas de un crudo ciclo electoral, las miradas giran hoy hacia una Zarzuela que se mantiene en su hermetismo habitual sobre el contenido del discurso de Felipe VI, del que la Casa Real tiene al corriente a la Moncloa. El Gobierno lleva un par de días sorteando el interés sobre la alocución del jefe del Estado en un momento político que interpela tanto al PSOE como al PP; y no aventura si la intervención de esta noche incluirá una suerte de llamamiento a la moderación más allá de las apelaciones al valor de la Constitución como cimiento de la convivencia que ha venido trufando la felicitación navideña a los españoles.

Bajo el paraguas de la discreción se guareció ayer la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, quien se limitó a constatar que el gabinete seguirá con «muchísima atención» las palabras de Felipe VI. Al tiempo, eludió evaluar si debe hacer referencia o no a la colisión institucional y transmitió el «máximo respeto» hacia la Monarquía y hacia quien la encarna.

«El rey difícilmente nos va a incomodar a nosotros», van un poco más allá en el PP, que no espera que Felipe VI «vaya a marcar el camino a nadie». Sí aguardan los populares un discurso «inspirador» alentado por la preservación de la «concordia», con el que el jefe del Estado estará «a la altura, como lo ha estado siempre», de las expectativas de la sociedad a la que se dirige.

La contención de los dos grandes partidos contrastó con la crítica frontal de la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, quien despoja al rey de cualquier «legitimidad democrática» para posicionarse sobre la, a su juicio, «injerencia del TC en el Poder Legislativo».

La aluminosis infiltrada en el andamiaje constitucional y el riesgo de descrédito de los poderes que lo sustentan han reavivado esta convulsa semana el debate recurrente sobre si la Carta Magna faculta al Rey para actuar y hasta dónde. O dicho de otra forma: qué margen le proporciona el artículo 56 de la ley de leyes cuando dice de él que «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones del Estado». Lo tiene, vienen a coincidir el expresidente del Senado Juan José Laborda y el catedrático de Derecho Constitucional Alberto López Basaguren, muy preocupados ambos por la deriva ante la que se encuentra el país. Pero el español es un Rey que «reina pero no gobierna», y eso restringe lo que puede hacer.