La colaboración del chófer de Bárcenas sacude la defensa de los jefes policiales
El anuncio de la colaboración judicial del policía Sergio Ríos, captado como confidente para sustraer documentos del extesorero del PP Luis Bárcenas mientras era su chófer, abre una nueva dimensión a la investigación de la ‘operación Kitchen’ en la Audiencia Nacional.
El acusado ha cambiado de abogado y la primera decisión fue pedir volver al juzgado para declarar de forma voluntaria. El instructor Manuel García-Castellón lo ha citado este miércoles para conocer hasta dónde está dispuesto a ‘tirar de la manta’.
Este movimiento de la defensa de Ríos ha dejado descolocados a los mandos policiales investigados. Su testimonio puede poner en aprietos la estrategia que hasta la fecha llevan los comisarios Eugenio Pino, José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, y el inspector jefe Andrés Gómez Gordo.
En el caso de los tres últimos por ser las personas que persuadieron al conductor para darles información sobre la ubicación de los papeles secretos de Bárcenas.
Ríos, que según la investigación cobró 2.000 euros al mes procedentes de fondos reservados del Ministerio del Interior, tiene en su mano aclarar el verdadero cometido que le asignaron. Los jefes policiales defienden que era un operativo para conocer dónde escondía Bárcenas el dinero ‘negro’ e identificar a sus testaferros; por su parte, el juez y los fiscales anticorrupción sostienen hasta ahora que el dispositivo estaba fuera de la ley y su finalidad era destruir pruebas sobre la ‘caja B’ del PP. Un cometido que torpedeaba la investigación de otro juzgado. Este encargo habría partido desde la cúpula de Interior. Por este motivo están imputados el entonces ministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad y encargado de gestionar los fondos reservados del departamento