El Ejecutivo mantiene la presión sobre Feijóo
El Gobierno empieza el curso como acabó el anterior. Esto es, haciendo números y negociando a la carrera con los grupos parlamentarios para intentar sacar otra votación ajustada en el Congreso. La decisión del PP de votar en contra de la convalidación del decreto ley que impuso las primeras medidas de ahorro energético ha obligado a la Moncloa a redoblar sus esfuerzos con los socios habituales para conseguir sumar mañana más síes que noes. Aunque a esta hora no tiene confirmados los apoyos.
«Estamos ultimando las conversaciones con todos los grupos políticos», explicó ayer la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que volvió a elevar el tono contra el principal partido de la oposición por su actitud «obstruccionista» y «negacionista».
El Ejecutivo mantiene la presión sobre Alberto Núñez Feijóo al que acusa de responder con «frivolidad», «desidia» y «desconocimiento» al desafío de Vladimir Putin que quiere «utilizar el gas como arma de guerra» y del que lamentan su falta de compromiso con Bruselas y con las familias.
Rodríguez recordó al líder gallego que con este decreto, y con el plan de contingencia que se aprobara en septiembre, se da respuesta a la «amenaza» del presidente ruso, además de cumplir con el compromiso de reducir el consumo de energía un 7%.
Según los datos que maneja el Gobierno, con el real decreto ya se ha conseguido reducir en estas tres semanas el consumo energético en un 9,5%. «Las democracias tenemos que proteger a la ciudadanía y a las empresas frente a ese hombre de la guerra», insistió la portavoz tras el Consejo de Ministros. En Moncloa creen que la negativa de los populares a respaldar el decreto energético es un error que les va a pasar factura porque no sólo incluyen medidas en línea con lo que están haciendo los demás países europeos sino importantes ayudas para las becas a estudiantes, por ejemplo, o la gratuidad de los abonos de transportes de cercanías que dependen del Gobierno y la reducción hasta el 50% en los que dependen de las autonomías.
El PP dio ayer «libertad absoluta» a sus barones autonómicos para recurrir ante el TC el decreto.