ERC desvela que negocia ya con el PSOE una reforma de la malversación ‘a medida’

El Gobierno juega al despiste igual que hizo con la reforma de la sedición hasta que, el pasado jueves por la noche, Pedro Sánchez anunció que ese tipo penal, por el que fueron condenados principalmente los líderes del ‘procés’, desaparecería del ordenamiento jurídico español como llevaba meses demandando ERC.

La formación de Pere Aragonès, sin embargo, desveló ayer que los socialistas ya están hablando con ellos del siguiente paso para exonerar a quienes, como su propio jefe de filas, Oriol Junqueras, aún se enfrentan a penas vinculadas con otro de los delitos considerados por los tribunales en las causas del 1-O, el de malversación. Tanto la ministra de Defensa, Margarita Robles, como la de Hacienda, María Jesús Montero, dieron el lunes muestras de estar preparando el terreno a esa otra modificación a la medida de los republicanos catalanes al defender que la actual regulación, impulsada en 2015 (junto con la prisión permanente revisable) con los únicos votos del PP, no es «proporcionada», o incluso que «no es justa», porque no distingue entre quienes desvían fondos públicos para su enriquecimiento personal y quienes incurren en una administración desleal sin llevarse dinero «a su bolsillo». El caso, por ejemplo, del expresidente de Andalucía, José Antonio Griñán.

Ambas ministras aseguraron, sin embargo, que la cuestión no se ha abordado aún. Y ayer la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, arguyó que su «compromiso» con ERC se circunscribía a la rebaja de la sedición y que ahora «no se está valorando» ninguna otra iniciativa, aunque a continuación matizó que eso no es incompatible con que durante la tramitación parlamentaria que empezará la semana próxima se abran otros debates.

El tema es espinoso porque, así como el Partido Socialista cuenta con el apoyo cerrado de la mayoría de sus socios para derogar la sedición —aún con cautelas por el impacto que pueda tener el nuevo delito agravado de desórdenes públicos en la protesta social—, la reforma de la malversación suscita en el bloque de investidura muchas más dudas, como advirtieron el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, o el de Compromís, Joan Baldoví. Incluso en las propias filas socialistas —más allá de los críticos habituales, Emiliano García-Page y Javier Lambán— hay quien admite que un cambio a la baja en un delito relacionado con la corrupción puede ser difícil de explicar.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, admitió que su propuesta puede tener la deriva inconveniente de beneficiar a condenados por causas como la de la la corrupción en el PP o el caso Kitchen. También, en función de su redacción, a la de los ERE. «Por eso hay que ser quirúrgico en la articulación de estas enmiendas —adujo en alusión al texto en el que trabaja su partido—. Tiene que ir ligado a lo que significa la sedición; se trata de que no se utilice el Código Penal como un castigo ideológico».

Los socialistas guardan de momento con celo hasta dónde están dispuestos a llegar. Pero en su comparecencia Rufián dejó claro que la reforma del Código Penal no ha sido improvisada y que, pese a que el Gobierno aseguró durante meses —también al PP en el intento frustrado de renovación del CGPJ— que no había ninguna novedad al respecto y que no se estaban intercambiando papeles, la negociación «viene de lejos».

«Nosotros no manejamos los tiempos, no somos los que llevamos la negociación hasta el último minuto», sostuvo ayer Gabriel Rufián.