La exconsellera Serret se entrega en el TS tras más de 3 años huida en Bélgica
La exconsellera de Agricultura Meritxell Serret (ERC) se ha entregado este jueves de forma voluntaria ante el Tribunal Supremo tras más de tres años huida en Bélgica por el referéndum unilateral del 1-O, dejando en aquel país al expresident Carles Puigdemont (Jxcat) y otros dos exconsellers. Serret cruzó el miércoles por la noche la frontera desde el País Vasco en coche y con el conocimiento de muy pocas personas, según fuentes de ERC. Ni sus padres lo sabían. Una decisión que tomó hace escasos días de acuerdo con su nuevo abogado, Íñigo Iruin.
Procesada por los delitos de malversación y desobediencia tras el referéndum unilateral de independencia en 2017, Serret ha comparecido con la finalidad de ponerse a disposición del tribunal y regularizar su situación procesal de rebeldía, en la causa que instruye el magistrado del Supremo Pablo Llarena.
El juez ha acordado su puesta en libertad provisional sin medidas cautelares y la ha citado para el próximo 8 de abril, para ser interrogada ya con la participación de todas las partes personadas, tras lo cual Serret se ha dirigido a su municipio, Vallfogona de Balaguer (Lleida) para reunirse con su familia y mañana participar, ya en Barcelona, de la constitución del Parlament.
Serret es una de los cinco miembros del Govern de Carles Puigdemont que huyó del país tras la Declaración Unilateral de la Independencia (DUI) en octubre de 2017 junto al propio president y los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí —ahora en Escocia— y Lluís Puig. No obstante, era la única de los cinco políticos fugados en Bélgica sobre la que no pesaba una orden europea de detención y entrega porque la sentencia del «procés» dictada el 14 de octubre de 2019 despejó su horizonte procesal y la situó en una situación menos gravosa, hasta el punto de librarse previsiblemente de la prisión.
Esto es así porque Serret fue procesada por malversación de caudales públicos y desobediencia, al igual que los exconsellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, quienes, sin embargo, fueron condenados por desobediencia y no por malversación al no haberse acreditado de momento.