La familia de Rato pide al Defensor del Pueblo que medie por su tercer grado
Es el único de los condenados que entraron en prisión por las tarjetas ‘black’ que no tiene este beneficio
Rodrigo Rato.
La familia del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha denunciado ante el Defensor del Pueblo la «situación de indefensión» del exministro, el único de los condenados que entraron en prisión por las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid al que no se le ha concedido el tercer grado penitenciario.
Una queja que sus allegados también han remitido al Ministerio del Interior, cuya responsabilidad, han avisado, no podrán «dejar de observar» en el caso de que a Rato «le pasara algo» como consecuencia de la crisis del coronavirus.
En su escrito al Defensor del Pueblo, la mujer de Rato recuerda que el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa en la cárcel de Soto del Real (Madrid) a pesar de haber cumplido ya la cuarta parte de su pena, y lamenta que en una «emergencia sanitaria» como la actual se le deje «en especial vulnerabilidad, a sus 71 años».
La petición se produce apenas días después de que Instituciones Penitenciarias suspendiera la reunión de la junta de tratamiento en la que se iba a abordar la revisión del grado de Rato, que desde el 25 de octubre de 2017 cumple su condena a cuatro años y medio de prisión por el escándalo de las ‘black’.
Antes, a finales del pasado año, ya se le había denegado el tercer grado o régimen que se aplica a quienes, por sus circunstancias, estén capacitados para vivir en semilibertad, al estar aún pendiente de la sentencia por la salida a Bolsa de Bankia, donde la Fiscalía Anticorrupción pide para él ocho años y medio de prisión por estafa a inversores y falsedad contable.
En el documento su mujer alega que no tiene riesgo de fuga y que, aunque el fallo de la Audiencia Nacional esté todavía por llegar, «no se puede atentar contra su presunción de inocencia imponiéndole en la práctica unas medidas cautelares» que el tribunal de Bankia «no ha reclamado».
De este modo, insta al Defensor del Pueblo a que medie para que los trámites de la semilibertad sigan adelante y pueda celebrarse de forma telemática la reunión de la junta de tratamiento, ahora aplazada ‘sine die’, a fin de no dejar al exministro «tan expuesto e indefenso» como lo está actualmente.
En términos similares se expresa la carta dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, donde sus tres hijos recalcan que Rato tiene «arraigo familiar, más de 70 años y ninguna otra condena» y es, además, una persona de riesgo ante un posible contagio del coronavirus tanto por edad como por patologías previas.
Por tales motivos, entienden, el tercer grado «sería una buena manera de aliviar la presión de las prisiones y de no jugar con la salud de los internos y funcionarios, especialmente aquellos en edad de riesgo o con patologías».