domingo. 05.02.2023
Roca dirige el equipo jurídico que defiende a la infanta.

Pedro Horrach tira la toalla. No habrá recurso de la Fiscalía contra la decisión del juez José Castro de sentar a Cristina de Borbón en el banquillo como «cooperadora necesaria» de los dos delitos fiscales de su marido. Anticorrupción, a diferencia de la defensa de la infanta, considera que el auto de apertura de juicio oral no es recurrible y, aunque sigue pensando que la hermana del rey no debería ser enjuiciada, defenderá su inocencia en la vista oral. El Ministerio Público, a lo sumo, se adheriría a la apelación planteada a la Audiencia Provincial por los abogados de la infanta. Pero no irá más allá.

La duquesa de Palma y sus abogados se quedan así momentáneamente sin aliados en este proceso después de que durante más de un año y medio la Fiscalía la haya defendido tanto como sus propios letrados, incluso a costa de enfrentarse con el juez. Desde que Castro decidiera por primera vez imputar en la primavera de 2013 a la infanta, en aquel momento por delitos vinculados al Instituto Nóos y no a los delitos fiscales de Iñaki Urdangarín, invariablemente la Fiscalía ha recurrido todas y cada una de las decisiones del magistrado que perjudicaban a la hermana de Felipe VI.

También a principios de 2014 Anticorrupción recurrió la intención de Castro de llamar a declarar a la infanta por su papel en Aizoon, la empresa familiar que sirvió supuestamente para defraudar a Hacienda, pero al final la duquesa decidió acudir voluntariamente al juzgado.

El afán de Horrach por salvar a Cristina de Borbón del banquillo llevó a la propia Audiencia Provincial a recriminar a la Fiscalía que estuviera jugando un papel más cercano al de la defensa que al de acusador público.

La decisión de la Fiscalía de no apelar se conoció solo horas después de que se supiese que la infanta Cristina no se resigna a ser juzgada. Sus abogados, en una maniobra procesal bastante inusual y que podría alargar bastante el inicio de la vista oral, presentaron ayer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma contra la decisión de Castro de enjuiciarla.

Ardid jurídico

La decisión del equipo jurídico que dirige Miquel Roca de dirigirse a los superiores de Castro es una suerte de ardid jurídico para sortear el propio auto de apertura de juicio oral dictado por el instructor el 22 de diciembre y en el que estableció que contra esa resolución no cabía recurso alguno. Los letrados de la hermana del rey no recurren en realidad el auto de apertura de juicio oral sino la determinación de Castro de ignorar la llamada doctrina Botín, según la cual no es posible enjuiciar a nadie por delito fiscal si las víctimas de ese ilícito, la Fiscalía como defensora del interés general y la Abogacía del Estado como defensora de Hacienda, no se sienten agraviadas.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares apuntaron ayer la posibilidad de que esta maniobra procesal tampoco termine de fructificar. Aunque el recurso de apelación se formula ante la Audiencia Provincial de Palma, en realidad éste se registra ante Castro, que es, quien, en última instancia decide si lo admite a trámite o no, y si lo eleva a sus superiores.

La Fiscalía no recurrirá la decisión de llevar a la infanta al banquillo