La Generalitat recibe como gesto de Sánchez la posible revisión a la baja de la sedición

La revisión del Código Penal para modificar a la baja el castigo impuesto por el delito de sedición formará parte de la negociación entre el Gobierno y la Generalitat e incluso, antes de eso, será una de las cuestiones a tratar entre Pedro Sánchez y Quim Torra en el encuentro que, previsiblemente, manendrán en Barcelona a principios de febrero.

Lo apuntó ayer la portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, quien vinculó directamente la eventual reforma con su exigencia de que se ponga fin a la «represión» del Estado sobre Cataluña.

Sánchez ya dejó caer el lunes en su primera entrevista tras la investidura, en TVE, que está dispuesto a abordar una modificación del ordenamiento en ese sentido, aunque tampoco quiso ser demasiado explícito.

«Hay que ir paso a paso —dijo—. Yo creo que es evidente que con toda esta crisis se ha demostrado algo y es que tenemos un Código Penal que no se corresponde con la época que le ha tocado vivir a España y que no tenemos delitos homologables a lo que ocurre, por ejemplo ,en otros países europeos, pero este es un debate que se tendrá que abrir en el Congreso de los Diputados».

En una línea similar, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, argumentó hoy que es «evidente» que en esta legislatura se debatirá en la Cámara baja la reforma del Código Penal porque en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos se contemplan varias modificaciones.

Entre otras cosas, ambos partidos se comprometieron a hacer que el consentimiento de las víctimas sea clave en los delitos sexuales y a derogar el artículo 315.3, que castiga con hasta tres años de cárcel a los piquetes que coaccionen en una huelga.

Según apuntó la ministra, una vez abierto el melón también se podrá hablar de «lo que tiene que ver con los acontecimientos de Cataluña», pero por si acaso se cuidó de decir que será el propio Gobierno el que impulse las medidas relativas a este último asunto.

ebajar las penas del delito de sedición tendría una repercusión directa sobre los reos del procés porque la Constitución garantiza la retroactividad de la ley penal más favorable. Es decir, que si se modifican los tipos, habría que proceder a revisar las condenas que estén cumpliendo de manera efectiva tanto el líder del Esquerra, Oriol Junqueras, como el resto de presos a los que el pasado 14 de octubre condenó el Supremo.

Montero no quiso dar nada por supuesto. Es más, aseguró que tampoco se puede interpretar que Sánchez haya «renunciado» a otros cambios legislativos como el que anunció en el único debate electoral entre candidatos: la recuperación del delito de convocatoria de referendos ilegales aprobada por el PP en la última legislatura de Aznar y derogada en 2005, con Zapatero, por los socialistas, nacionalistas y los independentistas. La portavoz del Gobierno admitió que, al no formar parte del acuerdo con Unidas Podemos, no cabe esperar que sea el Ejecutivo el que las lleve al Congreso.