Diario de León

El Gobierno admite «alarma social» pero los PGE le impiden cesar a Irene Montero

Isabel Rodríguez delega la responsabilidad en el Tribunal Supremo y demanda a las víctimas que recurran

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Igualdad, Irene Montero y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. FERNANDO VILLAR / EFE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Igualdad, Irene Montero y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. FERNANDO VILLAR / EFE

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha admitido que existe «alarma social» por la aplicación de la ley de garantía de la libertad sexual conocida como ‘ley de ‘solo sí es sí ’, que está provocando  revisiones de sentencias a condenados por delitos sexuales, rebajas de penas e incluso órdenes de excarcelación.

En una entrevista en Cadena SER Mallorca, recogida por Europa Press, ha señalado que el Ejecutivo comprende «la alarma social y la preocupación» de la sociedad después de los últimos acontecimientos. Es la primera vez que un miembro del Gobierno utiliza esta expresión, que sí mencionó la excivepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, este jueves.

Por otro lado, al ser cuestionada sobre si las víctimas que están viendo rebajadas las penas de sus agresores podrán recurrir, ha indicado que «hay procedimientos jurídicos para hacerlo» al tiempo que ha indicado que espera que «esas herramientas sirvan para avanzar en esa unificación de doctrina» y evitar el «efecto perverso» para los afectados.

Isabel Rodríguez ha evitado criticar a la ministra de Igualdad, Irene Montero al ser cuestionada sobre si se equivocó al responsabilizar de esta situación a la interpretación que hacen los jueces. «No voy a juzgar a mis compañeras del Ejecutivo», ha apuntado, aunque ha insistido en su respaldo a los jueces —que interpretan la ley « conforme al mejor criterio », según ha afirmado— y a la importancia de respetar la separación de poderes.

La ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. ATIENZA / EFE

La ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. ATIENZA / EFE

Los jueces ya reciben formación

En este punto ha añadido que reconocer a quienes aplican las leyes es también «una garantía» para las víctimas porque de este modo pueden saber que cuentan «con todos los resortes del Estado para su protección», ha expresado.

Sobre si considera que los jueces en España tienen la formación necesaria en materia de Igualdad ha indicado que se ha avanzado muchísimo gracias a normas «pioneras» como la Ley de Violencia de Género, y que esta formación ya existe y está contemplada en esta norma. En este sentido Rodríguez ha indicado que para paliar la alarma social generada el Gobierno está enviando un mensaje de «tranquilidad» y de «confianza en los jueces» para que se pueda unificar la doctrina en la aplicación de la norma. Así, ha reiterado que la voluntad de la ley es amparar a las mujeres de las agresiones sexuales y perseguir al agresor. A su juicio, nadie puede dudar de la voluntad tanto del Ejecutivo como del Parlamento. Al ser cuestionada sobre si le preocupa un goteo constante de rebajas de penas, la portavoz del Gobierno ha indicado que los operadores jurídicos están reaccionando «de manera rápida» ya que el Tribunal Supremo está pendiente de analizar la cuestión.

Órdago de Feijóo
«Veremos si el presidente puede destituir a una ministra que no ha nombrado»

A renglón seguido ha afirmado que le preocupa «mucho» que haya quien utilice el sufrimiento de las víctimas como «arma política» en referencia al PP. Precisamente, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes que se «asuman responsabilidades» en los ministerios de Igualdad y Justicia a propósito de los efectos en las condenas de la ley «del solo sí es sí». Feijóo ha asegurado que el Código Penal «no es un conjunto de eslóganes políticos» sino «una norma compleja que necesita siempre meticulosidad».

«Veremos si el presidente puede destituir a una ministra que no ha nombrado y, en el caso de que no pueda, que al menos destituya a los responsables del Ministerio de Justicia.

tracking