El Gobierno y Ceuta rectifican y aplicarán la ley de Extranjería para devolver a los menores

No hay ‘plan B’. El Gobierno mantiene intacta su intención de devolver a Marruecos a todos los menores no acompañados que entraron irregularmente en Ceuta durante la crisis migratoria de mayo. El revés judicial, que declaró ilegales los «retornos asistidos» ejecutados por el Ministerio del Interior en coordinación con el Ejecutivo local, no ha hecho recular a Pedro Sánchez, que está dispuesto a agilizar todos los trámites para cumplir las exigencias de la justicia y devolver a los adolescentes a Marruecos cuanto antes. Aunque todo indica que tardará en lograrlo.

Para tratar de agilizar la resolución de un problema que desborda a Ceuta y deja en una situación muy delicada al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuya cabeza reclaman el Partido Popular y Ciudadanos, el presidente ha prometido destinar los recursos necesarios para acelerar las salidas conforme a lo que dicta la ley de Extranjería. Una vía que se descartó en un primer momento, Así se lo trasladó el propio Sánchez al gobernante ceutí, en su encuentro de ayer en la Moncloa. «Consideramos que la mejor solución en beneficio de todos, la más válida, es el retorno, y vamos a seguir apostando por ello», confirmó.

Ninguna de las dos partes contempla otra opción. Ni tan siquiera el traslado a la Península de los cerca de 700 menores no acompañados que permanecen aún en Ceuta, y que suponen el 1% de la población de esta ciudad autónoma. «No se ha contemplado», aseguró Vivas, porque tampoco sería «una solución inmediata», apremió.

Durante su comparecencia, el presidente ceutí, reconoció que la situación en la ciudad es «insostenible» y los menores no se encuentran «en las debidas condiciones». Recordó que la mayoría se encuentran alojados en unas instalaciones que se habilitaron para una estancia temporal, que se ha alargado ya más de tres meses. Además, un porcentaje «muy notable» de estos jóvenes se encuentran en la calle en condiciones precarias.

«Se requieren soluciones inaplazables», afirmó Juan Jesús Vivas, que no ve más salida que el retorno de los menores a su hogar para que puedan ser escolarizados.

«Su permanencia en Ceuta —señalan en la Moncloa— puede perjudicar su desarrollo educativo y desarraigo familiar».

Juan Jesús Vivas defendió en todo momento el procedimiento utilizado por Interior y su administración, que se aferraron al acuerdo suscrito con Rabat en 2007 para emprender las repatriaciones, porque creían que estaban actuando de manera correcta. Y sigue pensando que ese es el camino que hay que seguir para evitar alentar a otro jóvenes en el futuro, pero dentro de los límites que establece la ley migratoria.

«Creíamos que teníamos un instrumento jurídico alternativo a la ley de Extranjería pero la justicia lo ha interpretado de otra manera. Hay que acatarlo», zanjó el presidente ceutí.

En su auto, la titular del juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta apoyó las versiones de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo, entre otras entidades, que apreciaban que las devoluciones iniciadas el pasado 13 de agosto se habían llevado a cabo sin garantías e ignorando las exigencias de la ley de Extranjería, la ley del Menor y la Convención de Derechos del Niño. Éstas establecen la participación del menor, en el procedimiento expresando si quiere retornar, y la obligación de establecer expedientes individualizados, que analicen cada caso en particular.

A partir de ahora, los retornos se harán siguiendo las normas, aunque el proceso se dilatará en el tiempo. Ni la Moncloa ni el Gobierno de Ceuta se atreven a poner un plazo para reactivar las repatriaciones.

Insisten en que primero será necesario obtener una fotografía exacta de la situación en la ciudad africana y ver qué recursos se necesitan y cómo se pueden emplear. «Cuantos más medios se pongan en la resolución de estos expedientes, más ágiles serán», apuntó Vivas.

El líder regional, Juan Jesús Vivas, quiso «agradecer» la gestión del Gobierno central y su reacción tanto cuando se produjo la avalancha de marroquíes sobre Ceuta, con la que «se evitó el desastre», como la gestión realizada ahora para el retorno definitivo de estos menores. Elogios que, en su opinión, no chocan con las críticas del Partido Popular y de su presidente, Pablo Casado, ya que en sus conversaciones siempre le ha dicho que se trata de «una cuestión de Estado» y que «Ceuta es lo primero».